Era el décimo cuarto día de la campaña presidencial. El 12 de abril de 2018, Andrés Manuel López Obrador visitó Sinaloa. Ahí, en la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y su Cártel del Pacífico, el candidato ofreció cambiar la política de seguridad pública.
“Aunque estén queriendo cuestionarme, vamos a buscar otra estrategia; vamos a atender las causas (de la violencia) y vamos a conseguir la paz”, dijo el tabasqueño durante un mitin en Mazatlán.
“Lo puedo resumir en una frase: trabajo, buenos salarios y abrazos, no balazos”.
Fue la primera vez que usó la frase. Y ésta se volvería uno de sus lemas de campaña.
López Obrador había sido crítico del uso de la fuerza pública para combatir a los delincuentes. Había acusado al expresidente Felipe Calderón de dejar al país “como camposanto” luego de “declarar la guerra a la delincuencia organizada” y “pegarle a lo tonto al avispero”. Incluso señaló que, en ese contexto, las Fuerzas Armadas habían sido utilizadas para “masacrar al pueblo”.
Aquel día en Mazatlán, dijo qué haría en caso de llegar a Palacio Nacional: “No más asesinatos, ya no va a haber más masacres porque hasta los heridos son rematados. Eso ya no, eso es inhumano. No puede ser que se abandone a los jóvenes cuando toman el camino equivocado de la delincuencia”.
Durante el resto de la campaña, así como el periodo de transición y sus primeros meses en la Presidencia de la República, López Obrador siguió prometiendo “atender las causas” de la inseguridad.
Su estrategia, anunció, sería doble: programas de asistencia social y un nuevo cuerpo de seguridad pública, la Guardia Nacional.
Dijo que con sus programas sociales, los jóvenes ya no tendrían motivos para delinquir. Y que la Guardia Nacional sistematizaría las tareas descoordinadas de militares y policías y sustituiría la fuerza por acciones de inteligencia.
El Presidente pidió tiempo para que su estrategia rindiera frutos. Primero, seis meses, que se agotaron en octubre del año pasado. Después, un año, lapso del que ya se fue la mitad sin que la pacificación ofrecida se haya materializado.
En todo este tiempo, la estrategia del gobierno de Calderón ha sido su caballito de batalla. Cuantas veces ha sido cuestionado por la falta de resultados, ha justificado que es por “las condiciones en que nos dejaron el país”. Sin embargo, nunca había apostado tanto por el uso de la fuerza como lo hizo ayer con la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta”, se lee en el texto.
“Se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”, se agrega.
Durante la primera cuarta parte del gobierno de López Obrador –que se cumple este viernes–, la delincuencia parece haber entendido la renuncia al uso de la fuerza por parte del Estado como un permiso para violar la ley. La consecuencia fue un incremento nunca antes visto en homicidios.
El acuerdo publicado ayer compensa la falta de presupuesto para equipar a la Guardia Nacional y sus escasos resultados en materia de reclutamiento. Ahora, el Ejército y la Armada entrarán al quite.
El mensaje es claro: se acabaron los abrazos. Los programas sociales no dieron los resultados esperados. Los altos niveles de inseguridad han deteriorado la popularidad presidencial. Quizá los balazos resulten más eficaces para apuntalarla.
BUSCAPIÉS
*Por unanimidad, la Suprema Corte echó abajo la pretensión del gobernador bajacaliforniano Jaime Bonilla de quedarse cinco años en el cargo. Ampliar el mandato es inconstitucional. Buena noticia para la democracia: la Ley Bonilla no pervivió.
