Lo sucedido en Baja California no sólo es vergonzoso, anticonstitucional y evidentemente ilegal, es, también, y por esas mismas razones, uno de los mayores desafíos potenciales para el sistema democrático del país. La intención de ampliar el mandato de dos a cinco años de las elecciones, que ganó en julio pasado el morenista Jaime Bonilla, es parte de los presuntos compromisos subterráneos que asumió el gobernador Kiko Vega (el peor gobernador surgido del Partido Acción Nacional que ha tenido ese estado desde que el blanquiazul ganó esa gubernatura en 1989) como una suerte de transición pactada y seguro de impunidad. En dos ocasiones se intentó avanzar legalmente con esa medida y en ambas fue rechazada, la última ocasión antes de las elecciones, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la elección de julio se eligió a un gobernador por dos años. Y repentinamente, antes de que asuma Bonilla, el congreso local, casi por unanimidad y sin ningún tipo de discusión previa, aprobó, entre gallos y medianoches, que se le ampliara el periodo a cinco años con la peregrina argumentación de que era muy caro hacer otra elección dentro de dos años, coincidiendo con los comicios federales de medio término. Es algo a todas luces ilegal, que contó con el respaldo del gobernador en funciones, el entrante y de casi todo el congreso local. Dicen que hubo mucho dinero para orientar esa opinión. No lo sé, lo que sí sé es que, haya sido comprado económicamente o no ese voto, estamos ante un evidente acto de corrupción.
La reacción de casi todo el espectro político no se hizo esperar: el PAN pidió la expulsión de sus legisladores locales que votaron por esa reforma, lo mismo el PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI, que criticaron acremente la decisión; el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en una de sus pocas apariciones públicas desde el inicio de la administración de López Obrador, fue durísimo con la decisión y la calificó de un verdadero “insulto a la inteligencia”. La mejor propuesta ante lo sucedido provino de un Porfirio Muñoz Ledo que sigue, pese a la edad y la salud, mostrando en ocasiones parte de su sapiencia: la salida, dijo el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, es, ante tamaña agresión democrática, desaparecer poderes en la entidad.
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Tiene Porfirio toda la razón, tanto el poder Ejecutivo como el legislativo local han dejado de ser confiables. Puede haber otras salidas, pero la única que demostraría el rechazo contundente de las autoridades hacia ese virtual golpe de Estado es la desaparición de poderes en la entidad.
Lo desconcertante es que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, con absoluta inconsistencia, apoye la medida de la ampliación del mandato constitucional con el argumento de que si “el pueblo pide” que sean cinco años, ella lo acepta, porque el pueblo “se cansa de votar”. Es una vergüenza: ¿qué pasaría si el día de mañana el congreso votara por ampliar el periodo de cualquier gobernador o el del propio Presidente de la República, ¿qué pasaría si el mismo congreso decide acortar el periodo de gobierno por las razones que sea?, ¿si para no cansar al pueblo se cancelan las elecciones? No puede haber leyes retroactivas, es un principio básico en términos constitucionales: un mandatario es elegido por el periodo establecido en el momento en que se convoca a elecciones.
Hemos vivido situaciones límite en las que, incluso teniendo razones políticas contundentes para hacerlo, no se modificaron las leyes electorales de procesos en marcha. La más notable fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que por la fecha en que fue cometido, impedía a todo miembro del gabinete aparecer en la boleta como su reemplazante. El entonces presidente Carlos Salinas consultó con Carlos Castillo Peraza, entonces presidente del PAN, sobre la posibilidad de realizar una reforma o abrir un transitorio para que el PRI pudiera ampliar su abanico de reemplazantes y la respuesta del PAN, sustentada en la ley, fue que no se podía, que no se podían hacer leyes retroactivas ni a modo. Cuando años después fue asesinado el candidato del PRI para Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, a una semana de las elecciones, tampoco se postergó o canceló el proceso. Se eligió como candidato a marchas forzadas a su hermano, Egidio Torre Cantú, como candidato e incluso se votó con boletas que contenían el nombre de Rodolfo.
Dejar pasar esta reforma de Baja California sería como legitimar el inicio de desmantelamiento del sistema democrático del país. Sería, como dijo Cuauhtémoc Cárdenas, “un insulto a la inteligencia”.
