Desde el pasado 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a las fuerzas armadas la facultad de formar parte de las tareas de seguridad pública pese a la existencia de la policía federal, decreto que al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no le agradó del todo.
Debido a ello, el mandatario presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para frenar las órdenes del tabasqueño alegando que se violenta la autoridad del estado, además de que se contrapone con lo establecido en el artículo sexto de la Constitución.
Además de Aureoles, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Colima y Durango han manifestado que también se oponen al decreto de AMLO, incluida la cancelación de negociaciones con empresas de energías limpias y el pacto fiscal.
