Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor que se encargó de calcular las pérdidas millonarias causadas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputado, el auditor, quien actualmente se encuentra suspendido, defendió la metodología para fiscalizar los costos por la cancelación de este proyecto y sostuvo que la variación de las estimaciones de esa cifra “no significa que en automático exista ilegalidad, ni mucho menos acusación de corrupción”.
“Vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, y a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”, mencionó.
Al explicar el informe que presentó el pasado 20 de febrero, en el que se dio a conocer que cancelar el aeropuerto de Texcoco costó 331 mil millones de pesos, pero que después se reconoció que hubo “inconsistencias” en la cuantificación del monto, señaló que el origen de la confusión es que la inhabilitación del aeropuerto “no está cerrada”.
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En ese sentido, resaltó que la auditoría contempló datos de “costos futuros”, es decir, recursos que no han sido pagados, instrumentos financieros no se han cancelado, y la carga financiera que implicará la recompra de bonos que se materializará en un futuro.
“Se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos, que pueden concretarse hasta en 26 años”, detalló.
Por ello, insistió en que de ninguna manera se buscó “atacar” a la investidura presidencial ni a un gobierno que fue legitima y democráticamente electo.
“Nunca he sido presionado por nadie en mi carrera, no por agentes externos ni por agentes internos, porque la ASF no responde a intereses o influencias ajenas a las estrictamente señaladas en la ley. Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”, finalizó.
Con información de La Razón y Milenio
MSA
