Uno de los personajes más polémicos en la política mexicana es, sin duda, Mario Aburto, acusado de ser el asesino del candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y quien lleva 26 años encarcelado por un delito que, él insiste, no cometió.
Ante la posibilidad de que el gobierno de la 4T pudiera analizar su caso, luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmara que efectivamente nunca fue revisado, Aburto incrementó sus deseos de salir de prisión.
No obstante, debido a la tardía respuesta, habría presentado una denuncia en contra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, alegando que el funcionario ordenó su reubicación, decisión que según la defensa de Aburto afecta “indirectamente la libertad personal” de su cliente.
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Lo anterior, alegando que esa decisión sólo puede ser determinada por el Poder Judicial y no por la SSPC, en específico por Alfonso Durazo.
En consecuencia, todos los reos, incluido el propio Aburto Martínez, consideran que su traslado podría propiciar un abuso de autoridad al mantener incomunicados, por lo que no dudaron en solicitar una llamada lo antes posible para avisarle a sus familias sobre los planes del Gobierno Federal.
MC
