El mismo Ambrosio Soto, sus familiares, el pueblo de Guerrero, las autoridades locales y federales, y hasta la prensa; todos tenían conocimiento de que la vida del alcalde de Pungarabato estaba amenazada. Y nadie pudo evitar la tragedia.
Este sábado, como seguramente sabe, se consumó el anunciado asesinato de Soto. Por eso preguntamos, ¿Qué es lo más indignante del caso? ¿Que ni las amenazas públicas, ni las denuncias bastaron para evitar el siniestro? ¿La falta de respuesta de las autoridades locales? ¿La situación en la que Soto tuvo que gobernar su municipio? ¿O el hecho de que en México, ocupar un cargo público obliga a elegir entre la muerte y la servidumbre al crimen organizado… la verdadera mafia del poder?
La única respuesta aceptable es: “todas las anteriores”.
En noviembre de 2015 los gobiernos estatal y federal asignaron escoltas al alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto luego de que este denunciara amenazas en su contra realizadas por el crimen organizado. Desde entonces, Soto recibió un tweet en el que se le alertaba de que sería el blanco de un ataque. Acaso por eso, en reiteradas ocasiones, el edil declaró que temía por su seguridad y la de su familia.
El 9 de julio pasado, el primo de Soto –quien también era su chofer– apareció muerto en un basurero. ambrosio publicó en Twitter: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por el crimen organizado. Ya es hora de actuar, señor presidente”.
Ante tales evidencias, gritos de auxilio, y anuncios del crimen, es indignante que las autoridades no pudieran impedir el asesinato.
El crimen se consumó la noche del 23 de julio. Soto volvía a Pungarabato luego de atender sus negocios particulares en Huetamo, Michoacán. Su vehículo fue interceptado por un grupo armado que acabó con su vida a la entrada de Riva Palacio, municipio michoacano que colinda con Pungarabato. La reacción de las autoridades guerrerenses fue por demás indignante. El gobernador, Héctor Astudillo y el Fiscal General de la entidad, Xavier Olea, declararon que Ambrosio Soto erró en su decisión de viajar “en horas inconvenientes a una zona de alta peligrosidad”, “a sabiendas de que había sido amenazado” y que “para cualquier ciudadano es peligroso viajar”.
Al parecer, el juicio de Héctor Astudillo y de Xavier Olea les lleva a concluir que la responsabilidad del asesinato descansa en los hombros de la víctima; quien ejerció su libertad de tránsito. Más aún, los dichos de Astudillo hacen pensar que la autoridad de Guerrero no tiene la responsabilidad –y la obligación– de proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Además, en el colmo del cinismo, se deslindaron de responsabilidades al “reiterar que el homicidio se cometió en el estado de Michoacán.
También son indignantes las condiciones en las que Soto tuvo que gobernar su municipio. Según el propio Ambrosio, recibía amenazas del crimen organizado por negarse a pagar derecho de piso, por no permitir la venta de carne robada ni la siembra de amapola, y por no acceder a colocar a algunas personas como funcionarios públicos. Por tales motivos, Ambrosio Soto presentó su renuncia al cargo el 26 de noviembre del año pasado.
En aquella ocasión, el edil afirmó estar arrepentido de ser alcalde de Pungarabato. También advirtió que en las elecciones “hubo mano del crimen organizado”. No obstante, el partido no aceptó su renuncia, y lo utilizó como una suerte de trofeo ante la opinión pública. Pero eso sirvió de muy poco; meses después, el edil rompió en llanto en un evento público realizado en una escuela. Ante padres de familia y profesores, Ambrosio explicó que las amenazas lo distanciaban de su familia y que no podía avanzar en las obras públicas debido a que el crimen organizado quería extorsionarlo por un monto de 3 millones de pesos.
Preocupado por su vida, por la de su familia, por la presión que recibía del crimen organizado y de su partido ¿Cómo iba a hacer Soto para gobernar su municipio y velar por el bien de la población? Otro hecho indignante es que –en México– ocupar algunos cargos públicos implica coludirse con la mafia del poder o con el crimen organizado. De lo contrario, se corre el peligro de convertirse en un obstáculo para diversos intereses políticos y económicos. Las cifras son claras: entre 2006 y 2016 han sido asesinados 37 alcaldes en 14 entidades federativas distintas. Se trata de un problema generalizado, notorio a los ojos de las autoridades, de los medios y de la opinión pública. Y al igual que ocurrió con el asesinato de Soto, nadie ha hecho suficiente para evitarlo.
