Lo que estamos viendo con la aprobación de la ‘Ley Zaldívar’ y los ataques constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador a jueces y ministros es el inicio de un asalto al Poder Judicial a imagen y semejanza de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela en los primeros años de este siglo.
En el 2004, la Asamblea Nacional de Venezuela, en donde tenía mayoría simple el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para ampliar el número de magistrados de 20 a 32.
La reforma, impulsada por Chávez, establecía también que los nuevos 12 magistrados serían nombrados por el presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional con mayoría simple, es decir, con la que contaba el PSUV.
Esa reforma, que es considerada por analistas internacionales como el principio del fin de la democracia en Venezuela, motivó que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch comparara a Hugo Chávez con el ex dictador peruano Alberto Fujimori, quien en su momento también orquestó un golpe contra el Poder Judicial de su país.
A pesar de las críticas que generó dentro y fuera de Venezuela, Hugo Chávez logró hacerse del control del máximo tribunal de su país mediante la reforma de una ley secundaria, la cual pudo lograr sin problemas por el hecho de que su partido contaba con mayoría simple en el Poder Legislativo.
Pero la reforma de 2004 solo fue el punto culminante del asalto al Poder Judicial de Venezuela, un proceso que empezó prácticamente desde que Chávez llegó al poder, en el año de 1999.
Apenas tomó posesión, Chávez arremetió contra los jueces de su país, a quienes un día sí y otro también criticaba y amenazaba públicamente con meterlos a la cárcel, lo que generó un ambiente de animadversión de los fanáticos chavistas hacia los impartidores de justicia.
Muy pronto decidió pasar a la acción; la Asamblea Nacional Constituyente convocada en ese 1999 incluyó en la nueva Constitución un artículo transitorio para crear un “sistema judicial de emergencia” que le daba facultades al presidente de la República para suspender a un juez si acumulaba siete quejas de cualquier tipo, aunque éstas no fueran desahogadas debidamente.
Al calor de estas facultades especiales que le confirió la nueva Constitución, muchos jueces fueron destituidos, otros fueron a dar a la cárcel y muchos más prefirieron huir del país.
Pero no era suficiente. Chávez necesitaba tener el control total del Poder Judicial y eso lo logró con una simple reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, gracias a la obediencia ciega de los diputados de su partido.
Por supuesto, los 12 nuevos miembros del TSJ se dedicaron a obedecer fielmente las instrucciones del presidente de la República, con lo que la independencia del Poder Judicial de Venezuela quedó aniquilada y con ello el régimen democrático, pues el contar con un tribunal superior pelele influyó en el golpe de Nicolás Maduro y su perpetuación en el poder a la muerte de Chávez.
Hasta el momento, el TSJ sigue bajo control de Maduro. El Tribunal funciona como una oficina de gobierno subordinada a la Presidencia de la República. Aprueba sin chistar todo lo que le ordena Maduro y ha convalidado todos los fraudes electorales con los que el sucesor de Chávez se ha aferrado al poder.
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En México, el presidente López Obrador sigue uno a uno los pasos de Chávez. Empezó con los ataques públicos a los jueces, a raíz de que algunos de ellos enviaron a la congeladora su reforma eléctrica.
Luego hizo incluir un artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de varios integrantes del Consejo de la Judicatura.
Al igual que Chávez, López Obrador se valió de la mayoría simple que tiene su partido (Morena) en el Congreso, para aprobar esta reforma, la cual defiende a capa y espada a sabiendas de que es inconstitucional.
Y ahora amenaza y descalifica de antemano a los ministros de la Corte que se atrevan a votar a favor de declarar la inconstitucionalidad de esta aberración jurídica y política.
En nuestro caso, el asalto al Poder Judicial aún se puede evitar, si en su momento una mayoría calificada de ministros de la Corte declara la invalidez de la reforma obradorista. Esa oportunidad no la tuvieron los venezolanos.
Sin embargo, causa preocupación el silencio de los ministros de la Corte ante las amenazas pública vertidas el pasado lunes por el presidente de la República.
Cuando Chávez empezó a atacar a los jueces de su país, los integrantes del Poder Judicial guardaron silencio. Cuando quisieron protestar ya era demasiado tarde, el asalto se había consumado. ¿Eso queremos para México?
OFF THE RECORD
**EL EJEMPLO DE ALCÁNTARA
Un año antes del asalto al Poder Judicial de Venezuela, Andrés Manuel López Obrador intentó hacerse del control del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal mediante la ampliación del mandato de su presidente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Para sorpresa de López Obrador –entonces jefe de Gobierno del DF– Alcántara Carrancá fue el primero en oponerse por considerar que sería muy grave reformar una ley para favorecer a una persona.
Que alguien le recuerde este pasaje al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
**QUE CANTEN LOS JILGUEROS
No debería sorprender la afirmación de Julio Scherer García, de que “hay que taparle la boca también a los reporteros”.
Para él y para su patrón, lo ideal es que en las conferencias de prensa mañaneras solo canten los jilgueros que siempre están colocados en primera fila.
¿Qué pensaría su padre si lo hubiera escuchado?
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Twitter: @pepecontreras_m
