Sin duda que la anterior parece una conclusión descabellada.
Sin embargo, frente a la violencia criminal que vive todo el país la realidad aplasta, de nueva cuenta, a la más desbocada imaginación.
Y es que si al arranque del gobierno de López Obrador por lo menos el 40 por ciento del territorio nacional estaba en manos del crimen organizado –según reveló la embajada de Estados Unidos en México–, hoy el país entero parece en el abandono y en manos de las mafias criminales.
¿Por qué?
Porque son decenas, sino es que centenares de poblaciones que viven en total abandono; sin ayuda del Ejército, la Guardia Nacional o la Marina, frente al embate creciente del crimen organizado y el narcotráfico, que son dueños del país entero.
Abandono total de la población civil que, en casos extremos como los de Zacatecas y Michoacán, huyen de sus comunidades con sólo aquello que pueden llevar en sus manos, ante la amenaza de la escalada violenta sin freno, a pesar de que dejan atrás casas, pueblos y su historia.
Abandono criminal que, en el extremo contrario, obliga a no pocos ciudadanos valientes, a poner en riesgo sus vidas al proponer a sus comunidades una organización civil que intenta –con todas las dificultades imaginables–, defender por propia mano a sus familias, sus vidas y sus bienes, ante la indiferencia del Estado y de sus instituciones.
Incluso hay ejemplos de escándalo, como en Palmas Altas, en Jerez, Zacatecas, en donde el Ejército Mexicano –otrora el último reducto confiable del ciudadano–, custodió la huida de la comunidad completa ante el temor de los sicarios.
Sí, una vergüenza que militares, marinos y guardias nacionales huyeron junto con la población civil antes que hacer frente a los grupos criminales en disputa; todo ello mientras que el gobierno de David Monreal no es más que un “cero a la izquierda”.
De igual manera existen ejemplos aún más penosos –que dejan ver la crudeza del desastre que vive México en materia de violencia y crimen–, y que por pura casualidad aparecen en los “narco-gobiernos” de Morena.
Nos referimos a aquellas entidades en donde el poder civil de los municipios o del estado pasó a manos de los varones de la droga, gracias a la alianza de Morena y del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.
Por si no se han enterado, apenas en días pasados, en Caborca, Sonora –en donde curiosamente se dice gobernador Alfonso Durazo, aliado de El Chapo–, un grupo armado de esa banda criminal tomó el pueblo durante seis horas –para “levantar” y matar adversarios del CJNG–, sin que en todos esos 3 mil 600 minutos apareciera ni el Ejército, ni la Marina y menos la Guardia Nacional, a pesar de que el destacamento federal se localiza a 15 minutos de distancia de Caborca.
¿Qué fue lo que pasó?
Todos lo saben: que “por órdenes superiores” no se movilizó un solo efectivo federal para auxiliar a la población en Caborca; con el aval de Palacio Nacional y del gobierno estatal.
Y la historia se repite en Colima, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas y, sobre todo en Michoacán, en donde el conflicto internacional y de comercio puede desquiciar a los “locuaces de Palacio”.
Y es que una de las mayores frutas de exportación de México al mundo, el aguacate, ya es propiedad del crimen organizado.
¿El aguacate lo controla el crimen organizado?
Sí, el aguacate de Michoacán, igual que el limón de Colima y que el “tomate rojo” de Sinaloa y que los camarones de Mazatlán e igual que las minas de Coahuila y que muchas otras materias primas mexicanas.
Peor aún, que nadie se asombre si en semanas o meses, el gobierno de Joe Biden nos sorprenda con la noticia de que Estados Unidos iniciaría una revisión a fondo, del T-MEC, porque el gobierno de AMLO no cumple con los mínimos acuerdos comerciales firmados en ese tratado.
¿Hasta cuándo los mexicanos toleraremos que el presidente López Obrador le entregue el país al crimen organizado?
Al tiempo.
