En su desesperación ante el fracaso anunciado de la falsa rifa del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se regalaran ‘cachitos‘ a cerca de mil hospitales habilitados para la atención de la pandemia del COVID-19. Solo que al hacerlo, violó el marco jurídico.
Ninguna ley, ni reglamento faculta al gobierno, ni en especial al presidente de la República a regalar billetes de la Lotería Nacional, instrumentos destinados exclusivamente para su venta, pues el objetivo de los sorteos que realiza el organismo, es recaudar fondos para la asistencia pública.
La Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública fue abrogada por el Congreso en noviembre del 2019 con objeto de iniciar un proceso de fusión de este organismo con Pronósticos para la Asistencia Pública.
Sin embargo, el 18 de marzo de este 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó para su análisis una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha abrogación, que presentó un grupo de senadores de oposición.
En virtud de que la Corte no se ha pronunciado al respecto, la Ley de la Lotería Nacional sigue vigente. Por eso no pudo rifarse el avión presidencial, pues dicha ley faculta a Lotenal a realizar sorteos exclusivamente con “premios en efectivo”.
La Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública señala en su artículo 10 que el organismo “llevará a cabo la venta al público de los billetes que emita, directamente o a través de expendedores de carácter fijo o de vendedores ambulantes de billetes con los que contrate la realización de la citada actividad”.
No existe ninguna otra disposición dentro de esta ley que faculte al presidente de la República o a los integrantes de su gabinete o a cualquier otro servidor público a vender directamente los billetes ni mucho menos a regalarlos.
Sin embargo, funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) regalaron durante el pasado fin de semana paquetes de mil 51 billetes a cada uno de los 951 hospitales de atención COVID-19.
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Dicho de otra forma, funcionarios del Insabi regalaron –sin estar facultados para ello– 999 mil 501 ‘cachitos‘ de la Lotería Nacional que juntos tienen un costo de 499 millones 750 mil 500 pesos.
A éstos habrá que sumar los miles de billetes que regaló el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, quien afirmó que lo hacía “a nombre del presidente”.
Habrá que agregar además los ‘cachitos‘ que vendieron de manera directa otros servidores públicos sin estar facultados para ello, pues la ley claramente establece como únicas vías la venta directa por parte del organismo Lotería Nacional o los billeteros fijos o ambulantes, los cuales están debidamente registrados.
Este martes se llevará a cabo la falsa rifa del falso avión y seguirán las violaciones al marco jurídico. De acuerdo con lo programado, si algún ‘cachito‘ de los que no fueron vendidos, ni regalados sale premiado, el monto será entregado al Insabi.
Esto también representa una violación a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, cuyo artículo 2 señala que los recursos que obtenga el organismo “serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico”.
Fiel a su estilo, el presidente López Obrador montó toda una pantomima para distraer la atención del fracaso de la venta del avión presidencial. El avión no pudo ser vendido, tampoco rifado. Y la rifa de dinero organizada en su nombre es todo un sainete prolongado.
OFF THE RECORD
**COSCORRÓN AL INE
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propinó un coscorrón al INE al ordenarle reponer la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional de Morena.
El INE debe respetar la paridad de género, de tal forma que presidente y secretario general sean hombre y mujer o viceversa.
Y además, debe incluir en la encuesta a cuantos se registren, así sean diez mil.
**FANTASMAS TRAS EL “CUAU”
Ayer, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer un reportaje en donde documenta que el gobierno municipal de Cuernavaca, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, entregó contratos por 13 millones de pesos a una empresa fantasma que pirateó los datos personales de un joven discapacitado.
Una nueva tarjeta amarilla para el “Cuau”.
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