Con un cinismo que ya no sorprende a nadie, López Obrador dibujó el “narco-gobierno” que encabeza y que es culpable de la mayor violencia de la historia en México.
Y es que, al tratar de negar los vínculos de su gestión con el crimen organizado, el mandatario en realidad bosquejó su autorretrato; el del “narco-presidente” en que se ha convertido.
Sí, López y su pandilla pueden negar –las veces que quieran–, su “narco-alianza” pero los hechos gritan ese perverso pacto, exhibido en horas recientes cuando Hong Kong decomisó una tonelada de metanfetaminas procedentes de México, en bolsas de Segalmex.
Sí, se confirma que el de AMLO es un “narco-estado”.
Pero existen muchos otros ejemplos que confirman la alianza del Estado y del gobierno mexicano con las bandas criminales
¿Y cuales son esos ejemplos?
Todos lo saben: la mayor impunidad oficial a favor de las bandas criminales, más de 170 mil víctimas de la violencia criminal; casi 120 mil mexicanos desaparecidos, más de 200 activistas asesinados, casi 10 mil feminicidios, más de 70 periodistas muertos y, sobre todo, el imperio del crimen en todos los gobiernos de Morena.
Además de que el mundo sabe que México tiene un “narco-gobierno”, como declaró Porfirio Muñoz Ledo, antes de morir, y lo ratificó recientemente el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien dijo que el narcotráfico compra alcaldes, legisladores y hasta presidentes, como el mexicano.
Pero vamos por partes.
El lunes 6 de noviembre del 2023, Obrador dibujó su autorretrato, al deslindar a su gobierno de las bandas criminales. Así lo dijo: “Sencillamente nosotros no tenemos relaciones con organizaciones del crimen, nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada. Nosotros llegamos aquí con el apoyo del pueblo, ni con el apoyo de la delincuencia organizada ni con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco.
“Llegamos aquí con el apoyo de la mayoría de mexicanos, hartos de la corrupción y el desprecio a nuestro pueblo, porque dominaba una oligarquía, una mafia que, lo he dicho muchas veces, citando a León Tolstoi; un Estado que no procuraba la justicia no era más que una banda de malhechores. Ya vimos cómo, al menos en el gobierno de Calderón impero y dominó un “narco-estado”, porque tenían todo el control del país”. (FIN DE LA CITA)
A pesar del cinismo presidencial, todos saben que desde el siglo pasado, cuando López asumió la dirigencia del PRD, se establecieron nexos con el crimen; alianzas que siguieron a lo largo de su gobierno en el antiguo DF, durante la formación de Morena y hasta hoy. como presidente.
Pero si lo dudan, el 15 de febrero de 2017, en el Itinerario Político titulado: “¿Financia el “narco” a Morena?”, así dije: “Abundan las evidencias de que dinero del narcotráfico entraba a la campaña presidencial del candidato de Morena; dinero que sale del cártel de Sinaloa”. (Fin de la cita)
El 11 de agosto del mismo 2017, en el Itinerario Político titulado: “Alianza de Morena y el narco”, documenté esa alianza a partir de la paliza en redes al futbolista “Rafa” Márquez, vinculado con las mafias criminales.
Así lo dije: “¿Por qué la doble moral de una sociedad de contentillo, ciega, sorda y miope que solapa los escándalos que involucran al más aventajado presidenciable, López Obrador, con el financiamiento del crimen organizado, mientras que esa misma sociedad sataniza al futbolista?
“Lo cierto es que la lista de “narco-políticos” vinculados a Morena es larga y los más recientes casos son el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado; Félix Salgado Macedonio, relacionado con los Zetas; Fidel Démecis, José Luis Abarca, el “narco-diputado” Julio César Godoy Toscano, Ricardo Gallardo Cardona, Juan Ignacio García Zalvidea, Miguel Ángel Almaraz, Marco Antonio Mejía y las señoras Yeidckol Polevnsky, Rocío Nahle y Delfina Gómez, entre otros “narco-políticos” que colaboran para Morena y que están a las órdenes de AMLO”. (Fin de la cita)
Pero el horror se reveló a días de la elección presidencial, en el Itinerario Político del 28 de junio de 2018, titulado: “¡Narcos al poder!”.
Aquí un resumen de aquella entrega: “Pocos se han ocupado del tema. Muchos lo ignoran deliberadamente mientras la mayoría de los votantes son ajenos a la gravedad del problema.
“Nos referimos al escandaloso número de ciudadanos asesinados por motivos político-electorales en la actual contienda electoral –candidatos o militantes de distintos signos y rangos–, y al insólito número de aspirantes que por temor, amenazas o presiones directas dejaron la contienda.
“Según reportes del portal Letra Roja, entre septiembre de 2017 y julio de 2018 fueron asesinados 120 ciudadanos, todos vinculados con el proceso electoral. De ellos, 48 eran candidatos o precandidatos y los atentados se dieron en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, México y Guanajuato.
“Una “perla” de la gravedad del tema es el municipio de Coyuca, en Guerrero, en donde fueron asesinados 11 políticos sólo en 2018.
“Pero esa es sólo una parte del problema, según Excélsior, en el proceso electoral “se bajaron” de la contienda de 2018, 5 mil 700 candidatos, principalmente en estados como Oaxaca, Michoacán y México; sólo en Oaxaca el INE reportó la sustitución de mil 660 candidatos.
“Frente a las escalofriantes cifras obliga preguntar: ¿La de 2018 es una “narco-elección”? ¿Quién está detrás de 120 asesinatos durante el proceso electoral? ¿Cuántos de los candidatos que suplieron a los asesinados fueron impuestos por el crimen o el narcotráfico? ¿Cuántos de los 5 mil 700 candidatos a distintos puestos de elección popular que “se bajaron” de la contienda, lo hicieron por amenazas, presiones o indicaciones del crimen?
“¿Cuántos de los suplentes de esos 5 mil 700 que ‘se bajaron’ estarán al servicio del crimen? ¿Cuántos diputados federales llegarán al Congreso gracias a sus vínculos con el narcotráfico? ¿Cuántos senadores estarán en un escaño porque deben favores al narcotráfico? ¿Cuántas alcaldías que se renovarán estarán encabezadas por políticos impuesto por el crimen?
“Nadie lo sabe; lo cierto es que instituciones completas del Estado mexicano estarán en manos de matarifes, narcos, sicarios, huachicoleros, tratantes de blancas y administradores de las fortunas producto del crimen.
“¿Y qué partido político será el campeón en prestar su franquicia al crimen? Sí, se llama Morena. Al tiempo”. (Fin de la cita)
En ese clima de indiferencia social y de crímenes políticos, la primera señal incuestionable del vínculo de Obrador con el Chapo se produjo el 29 de enero de 2019, cuando escaparon del Reclusorio Norte de CDMX –con ayuda del gobierno de Claudia Sheimbaun–, tres reos vinculados al Cártel de El Chapo, entre ellos el contador de criminal.
Era sólo el principio ya que meses después –en junio de 2019–, en una de sus mañaneras, López se dijo “conmovido” por la cadena perpetua que la justicia norteamericana había decretado contra “El Chapo”.
Pero el verdadero escándalo, como todos saben, fue la liberación ilegal de Ovidio Guzmán –el 17 de octubre del mismo 2019–, en medio de la mayor complicidad oficial de la historia.
En el Itinerario Político del 19 de octubre de ese 2019 dije que la orden de liberar al jefe del Cártel de Sinaloa había sido del propio López, lo cual había sido negado de manera oficial. Días después el propio Obrador reconoció que él mismo ordenó liberar al “El Chapito”, lo que constituye un delito grave y una violación constitucional.
El segundo “Culiacanazo” se produjo en enero del 2020, cuando todo el peso del Estado se puso al servicio de la familia de “El Chapo” y de los jefes del crimen organizado en México. En esa fecha contrajo matrimonio la hija de “El Chapo”, en fastuosa boda en la Catedral de Culiacán.
En el Itinerario Político del 5 de febrero del 2020, titulado: “¡Silencio de AMLO ante el otro “Culiacanazo!” dije que la boda era otra prueba de la complicidad oficial del gobierno de AMLO con el mayor capo mexicano.
Y es que a los ojos del mundo, el matrimonio convocó a no pocos de los criminales y narcos más buscados, quienes contaron con vigilancia del Ejército y con la complicidad del gobierno de Obrador.
Aquel Itinerario Político concluyó con la siguiente pregunta: “¿Es el de AMLO un “narco-gobierno”?. Al tiempo”. (Fin de la cita)
Pero un nuevo escándalo se produjo el 29 de marzo del 2020, cuando Obrador viajó a Badiraguato para saludar a la madre de “El Chapo”.
En el Itinerario Político del 31 de marzo del 2020, titulado: “¡El saludo de AMLO que ofende a todos!”, expuse que: “Viajar a Badiraguato, Sinaloa, para saludar a la madre de `El Chapo´, no sólo resultaba una imprudencia de López, sino una ofensa a los mexicanos, al país, a las familias de miles de muertos por el crimen y la violencia.
Dije que nadie, en su sano juicio, se tragaba el cuento de que el encuentro fue casual y concluí así: “Queda claro que existe un pacto, entre el presidente mexicano y el mayor criminal de la historia. Y ese acuerdo, de la naturaleza que sea, coloca a Obrador en calidad de “narco-presidente”. ¿Es o no el de Obrador un “narco-gobierno”? Al tiempo”. (Fin de la cita)
En preparación de la elección histórica que tendrían lugar el 6 de junio del 2021 en 15 entidades del país, en el Itinerario Político del 12 de octubre del 2020 titulado: “El crimen organizado hará fraude en el 2021”; documenté que las bandas criminales controlarían esa elección.
Así lo dije: “A ocho meses de la contienda electoral del 2021, se puede decir que asistimos a la elección en la que, con mayor intensidad, participará el crimen organizado.
“Y es que hoy las bandas criminales ya son parte pública de la vida nacional; dueños de gobiernos estatales y municipales; de puestos de elección popular en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, y son amigos del presidente y de sus secretarios de despacho, quienes “los dejan trabajar” a sus anchas y los liberan cuando son capturados.
“Por eso la pregunta no es si los “barones del crimen” participarán en las elecciones del 2021. No, la verdadera interrogante es ¿a favor de qué partido político jugará sus cartas los cárteles criminales?
“La respuesta todos la conocen: el crimen organizado votará a favor del partido del presidente. Al tiempo” (Fin de la cita)
¿Y qué creen?
Sí, en la elección de aquel 6 de junio del 2021, con la ayuda de las bandas criminales, Morena se apoderó de los gobiernos de Michoacán, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Baja California y Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas, entre otros.
Y un año después, el 5 de junio del 2022, la historia se repitió y el crimen atrapó importantes gobiernos estatales, como los de Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas; todos con presencia criminal.
El 6 de junio del 2022, el Itinerario Político se tituló de la siguiente manera: “Narco-elección y narco-gobiernos”. En esa fecha dije que dos de “los santones” del poder en México, Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida, por fin le habían dicho pan al pan y vino al vino.
Y es que sin pelos en la lengua, “los santones” dijeron que el gobierno de Obrador mantiene vínculos con el crimen organizado y que no podía ocultar la alianza con las bandas del narcotráfico.
¿Y qué respondió Obrador?
Cínico, entre risas dijo: “ya están chocheando”.
Hoy, López Obrador niega lo evidente, que el suyo es un “narco-gobierno” y que él ostenta el título de “narco-presidente”.
Sólo basta saber hasta cuando el gobierno de Biden estará dispuesto a actuar en función de que el vecino del sur de Estados Unidos, es un “narco-gobierno”.
Al tiempo.
