Le pueden llamar como gusten y manden.
Pueden decir que se intenta acabar con los privilegios para los empleados del Poder Judicial.
Pueden engañar con el cuento de que acabar con los fideicomisos judiciales es una muestra de austeridad republicana; austeridad “en los bueyes del compadre”.
Pueden inventar una supuesta corrupción y hasta prometer que “muerto el perro se acaba la rabia”.
Y hasta puede creer que a estas alturas los ciudadanos se chupan el dedo y siguen creyendo en esa impostura llamada “cuarta transformación”.
Lo cierto, sin embargo, es que cancelar los fideicomisos de jueces, magistrados y ministros no es más que un vulgar robo.
Sí, un robo ordenado y promovido por el mismísimo presidente y procesado por diputados lacayos que olvidan que representan a sus electores y que no están para obedecer de manera ciega al tirano de Palacio.
Por tanto, si los poderes Ejecutivo y Legislativo participaron en la trama para despojar al Poder Judicial, esa impostura no tiene otro nombre que el de un robo de Estado.
Robo que fraguó, diseñó y ordenó el presidente y que avalaron sus más serviles lacayos, un puñado de diputados que no merecen ser considerados como la voz del pueblo.
Pero también es cierto que se trata de un robo nada novedoso, ya que hace casi seis años el mismo López Obrador ordenó el robo del Aeropuerto de Texcoco y hace tres años también decidió saquear decenas de fideicomisos que dizque eran producto de corrupción.
Supuestas transas que nunca nadie ha podido probar, sea en el NAIM, sea en los fideicomisos saqueados, pero cuyos recursos económicos sin dudas fueron a parar a los bolsillos de esa mafia llamada Morena y de los mafiosos del gobierno de López Obrador.
Sin embargo, al final de cuentas la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial, por 15 mil millones de pesos, ordenada por el gobierno y operado por las instituciones del Estado, no es golpe a la corrupción, sino un verdadero golpe de Estado.
Un golpe ordenado desde la cabeza del Estrado y que pretende someter –con todo el peso presidencial–, al Poder Judicial, el único de los Tres Poderes consagrados por la Constitución, que no se ha plegado a los caprichos del jefe de las instituciones, convertido en el mayor golpista de la historia mexicana.
Sí, porque la demencial persecución orquestada por el presidente contra el Poder Judicial, coloca a López entre los grandes traidores mexicanos a la patria, también de apellido López.
Y es que sólo hace falta imaginar el futuro que le espera a la democracia, a los ciudadanos, a los opositores y críticos, si un locuaz de Palacio es capaz de tal persecución contra los juzgadores y contra aquellos cuya mayor responsabilidad es velar por la vigencia de los postulados constitucionales.
Hoy, López Obrador llegó al extremo de ordenar el exterminio contra las instituciones del Estado; al límite de la violación constitucional y al colmo de las agresiones al Estado de Derecho.
Sí, porque hoy, el presidente mexicano le confirmó al mundo que no solo asume las funciones de jefe de gobierno y jefe del Estado, sino de ministerio público, de juez, de legislador, de vocero del Estado y hasta de dueño de los bienes nacionales.
En pocas palabras, López es dueño de México, dueño de los Tres Poderes, de la verdad oficial, del dinero público, de bienes como el petróleo y es dueño de la vida y del futuro de 130 millones de mexicanos.
Hoy López cree que es dueño de esa nación llamada México y de todo lo que vive en ella, en especial los ciudadanos.
Y esa descomunal concentración de poder, en un solo hombre, sólo tiene un nombre.
El nombre que muchos negaron a lo largo de cinco años y que hoy es la mayor tragedia de México y de los mexicanos.
Sí, el nombre de López Obrador es el de “dictador”.
Y quien diga lo contrario será otro mentiroso.
Al tiempo.
