Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió brindarle asilo político a el expresidente de Bolivia, Evo Morales, muchos cuestionaron esa decisión y razones había de sobra para ello.
Primero, porque el político sudamericano ha sido acusado de dictador e incitador de violencia en su país, mientras que un gran sector de la sociedad mexicana no está de acuerdo con que la administración federal lo mantenga (viva de nuestros impuestos, pues).
No está de más señalar que toda esta situación ha mantenido ocupado a López Obrador y a la Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE) a cargo de Marcelo Ebrard, y mientras ellos atendían el pendiente boliviano, Estados Unidos los tomó por sorpresa.
Sí, resulta que este martes, el presidente, Donald Trump, adelantó que piensa clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como “organizaciones terroristas”, algo que no se esperaba la “Cuarta Transformación”, sobre todo, por las implicaciones jurídicas que conlleva.
Desde la perspectiva de un gran número de mexicanos, que el gobierno norteamericano decida llevar a cabo esta acción es sinónimo de “intervencionismo”, aunque eso, hasta cierto punto, suena exagerado, por todo el proceso que requiere su aprobación; incluso, en un momento dado, podría beneficiar a México.
Lo que realmente denota que los cárteles mexicanos lleguen a ser catalogados como terroristas es la fallida estrategia de seguridad del político tabasqueño, el fiscal Alejandro Gertz Manero; el secretario de Seguridad Alfonso Durazo; la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y hasta la cancillería de Ebrard Casaubón. O si piensan lo contrario, pregúntenle a la familia LeBarón y a los habitantes de Culiacán.
