Al difundir las bondades de sus programas sociales en pleno proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador comete los delitos que él mismo inventó mediante una iniciativa enviada al Congreso, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza.
El 13 de abril del 2019 entraron en vigor las modificaciones a la Constitución que, a propuesta del presidente de la República, incluyeron el “uso de programas sociales con fines electorales” dentro del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Y apenas el pasado 19 de febrero entraron en vigor las reformas a diversas leyes secundarias relacionadas con la materia, entre ellas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las cuales tipifican, aunque de manera muy ambigua, las nuevas conductas que a partir de entonces son consideradas como delitos graves.
Los artículos 7 y 7 bis del segundo ordenamiento señalan que es delito electoral grave “cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar en cierto sentido”.
De igual forma, es delito grave “el uso de recursos públicos para incidir en el electorado para posicionarse o posicionar a determinadas personas”.
¿Usar la investidura presidencial y toda la infraestructura de comunicación de la Presidencia de la República para hablar de los programas sociales y promover la idea de que si pierde Morena estarán en riesgo dichos programas, no es ejercer presión y además usar recursos públicos para incidir en el electorado?
Desde el momento en que López Obrador anunció que enviaría la iniciativa correspondiente –cuando aún era presidente electo– muchos juristas opinaron que era un exceso elevar a la Constitución el carácter de delito grave al uso de programas sociales con fines electorales.
Pero López Obrador había arrasado en las elecciones del 2018 y desde su calidad de ganador de la contienda empezó a tomar decisiones de gobierno y a perfilar la agenda legislativa de su agrado, a sabiendas de que contaría con un Congreso dócil, dominado por su partido, Morena, y sus rémoras.
Por eso insistió en enviar dicha iniciativa, “para castigar con cárcel sin derecho a fianza a quien vuelva a cometer un fraude electoral” y evitar –eso decía él– que se repitan prácticas del pasado, cuando los gobernantes se aprovechaban de su cargo para inmiscuirse en los procesos electorales.
Ahora, el presidente de la República parece no darse cuenta, y si se da cuenta hace como que no, que al utilizar las conferencias de prensa mañaneras para criticar a la oposición y para vender la idea de que si no gana Morena están en riesgo los programas sociales, viola la Constitución en la parte que él mismo propuso modificar.
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Para su fortuna, López Obrador cuenta con un incondicional en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien por ningún motivo se atreverá a siquiera contemplar la posibilidad de que el presidente haya incurrido en los supuestos que señalan la Constitución y las leyes secundarias reformadas en función de su iniciativa.
El único contrapeso que enfrenta el presidente en este tema es el INE, el cual dictó el pasado lunes la medida cautelar de pedirle a la Presidencia de la República que bajara de todas las plataformas digitales oficiales la mañanera del pasado viernes, en la que el primer mandatario habló una vez más de sus programas sociales.
Presidencia acató la medida y bajó la mañanera, pero para entonces habían pasado tres días durante los cuales las declaraciones del primer mandatario violatorias del marco jurídico tuvieron difusión permanente.
El acatar la disposición del INE no evitó que el presidente hiciera berrinche y reclamara ayer que su “derecho de manifestación” y su libertad “están por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento”.
Alguien tendría que aclararle que todos los derechos y todas las libertades individuales o colectivas están acotados por el marco jurídico, que incluye a la Constitución, las leyes secundarias y los reglamentos. Eso forma parte de nuestro andamiaje institucional.
Y alguien tendría que cuestionarle por qué promueve una reforma a la Constitución y a las leyes secundarias si a la mera hora, el primero en violar esas nuevas disposiciones va a ser él.
OFF THE RECORD
**METÁFORA DE ALCOCER
Ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se convirtió en una metáfora de sí mismo.
Durante la aplicación de la vacuna anti Covid-19 al presidente de la República, Alcocer estuvo muy atento para no fallar a la hora de cargar el saco del primer mandatario.
Ese acto refleja el papel que ha jugado el funcionario al frente de una dependencia en donde el que manda es otro.
**LLUVIA DE AMPAROS
Ayer, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional en contra de las reformas aprobadas recientemente por el Congreso que implican la creación de un padrón de usuarios de telefonía celular con datos biométricos incluidos.
El juez otorgó una suspensión provisional a un primer quejoso pero se espera una lluvia de amparos a partir de ahora.
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