Con la ratificación fast track por parte del Senado del nombramiento de Graciela Márquez Colín como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, empezó el asalto de este organismo autónomo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El primer mandatario detesta a los organismos autónomos del Estado y durante los dos años que lleva en el cargo los ha combatido de muchas formas. A todos los ha descalificado; a uno lo eliminó, a otros los ha tomado en sus manos y busca controlarlos a todos.
En el caso del INEGI, el presidente decidió nombrar a quien era su secretaria de Economía, Graciela Márquez, como integrante de la Junta de Gobierno, con la mira de que a finales de diciembre del 2021 se convierta en la presidenta de este importante organismo.
El INEGI es una institución creada en 1983 y dotada de autonomía constitucional en el 2008 que tiene entre sus funciones realizar mediciones estadísticas y generar frecuentemente informes sobre la inflación, el crecimiento económico, el incremento de los niveles de pobreza, la percepción de inseguridad y corrupción, entre otras materias.
En los últimos meses, el INEGI ha dado a conocer información que seguramente no ha sido del agrado del presidente de la República, como la difundida el pasado 26 de agosto, cuando señaló que en el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó 18.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.
Este dato causó alarma, porque se trataba de la peor caída de la economía mexicana desde el año de 1981, el penúltimo año del sexenio del otro López, José López Portillo.
A López Obrador tampoco debe haberle gustado el informe dado a conocer apenas el pasado miércoles por el INEGI, en el cual señala que la “prevalencia de corrupción” mantiene su tendencia creciente desde 2013 hasta 2019.
El dato anterior confirma que el actual gobierno no ha logrado su propósito de combatir la corrupción que heredó de anteriores administraciones.
Fue también el INEGI el que el pasado dos de diciembre dio a conocer que en lo que va del año desaparecieron un millón 10 mil 857 pequeñas y medianas empresas, casi 21 por ciento del total que se tenía registrado en el Censo Económico del 2019.
Y si de por sí la cifra es preocupante, lo es también la acotación que hizo ese día el presidente del INEGI, Julio Santaella, en el sentido de que no había elementos para afirmar que el cierre de empresas haya estado relacionado exclusivamente por la pandemia del Covid-19.
El presidente López Obrador quiere tomar el control del INEGI para que deje de aportar públicamente “otros datos”, distintos a los que siempre dice tener el jefe del Ejecutivo.
Su antecesor, Enrique Peña Nieto, también intentó manipular al Instituto, pero no lo logró. En 2016, el INEGI dio a conocer cifras sobre comportamiento de la pobreza que hablaban de un avance importante por parte del gobierno de entonces.
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Pero el Coneval y organizaciones sociales demostraron la incongruencia e inverosimilitud de dichas cifras y se armó tal escándalo, que el INEGI tuvo que rectificar y todo quedó en un incidente. Nunca más se volvió a hablar de que el Instituto intentara maquillar cifras.
Habrá quien, en defensa de Graciela Márquez, argumente que en el 2008 el presidente Felipe Calderón hizo lo mismo que López Obrador ahora: nombró como primer presidente del INEGI autónomo a quien era su secretario de Economía, Eduardo Sojo Aldape.
Sin embargo, hay que decir que ya en el ejercicio del cargo, Sojo Aldape demostró con creces su independencia total del Ejecutivo y condujo al organismo con absoluta autonomía, al grado de que hoy muchos analistas lo consideran el mejor titular que ha tenido el INEGI en toda su historia.
En todo caso, lo menos que podríamos desear de Graciela Márquez es que cuando sea nombrada presidenta del INEGI emule el comportamiento de Sojo y nos deje callados a quienes pensamos que su llegada al organismo es el inicio de un asalto por parte del Ejecutivo.
OFF THE RECORD
**BANCO PARA LOS NARCOS
López Obrador ya había llenado de abrazos a los narcos y a los líderes de la delincuencia organizada.
Ahora pondrá a su servicio un banco, para que puedan ir ahí a cambiar sus dólares sin problemas: el Banco de México.
De ese tamaño es la reforma promovida en el Senado por el líder de Morena en ese órgano legislativo, Ricardo Monreal.
**DIPUTADO FIFÍ
Un diputado federal generó polémica cuando se supo que se compró una camioneta Volvo con valor superior al millón de pesos.
El legislador no se sonrojó, sino que, por el contrario, presumió su lujoso vehículo y se burló de quienes lo critican. “Tienen envidia”, dijo.
No se trata de un diputado del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni de los que han sido señalados por formar parte de la Mafia en el Poder.
Estamos hablando del vicecoordinador del PT en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, el mismo que adora al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Así o más incongruente?
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