A unos meses de que se lleven a cabo las elecciones federales de 2024, las cuales son consideradas las más importantes en la historia de nuestro país, las instituciones electorales mexicanas no atraviesan por un buen momento.
Pues a los recortes presupuestales, los sabotajes, los ataques diarios y las campañas de odio que se orquestan desde Palacio Nacional se suman las crisis internas que viven.
Por ejemplo, tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presionaron para que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón renunciara como presidente de este órgano jurisdiccional.
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Ahora, se dio a conocer que en el Instituto Nacional Electoral (INE) hay un conflicto originado por la falta de designación de funcionarios.
En ese sentido, consejeras y consejeros electorales se acusaron de intentar romper el marco constitucional y otorgarle a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del órgano electoral, un poder unipersonal con el cual podía saltarse al Consejo General y podía realizar las designaciones definitivas.
Piden evitar una crisis como la del TEPJF
El diferendo surgió por la inclusión de dos proyectos de acuerdo con los que se pretende resolver este tema; en uno de ellos el consejero Jorge Montaño Ventura propone otorgar la facultad a Taddei Zavala designe, de entre las personas encargadas de despacho y/o titulares de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas previstas en el Reglamento Interior, a quien deba asumir la encargaduría de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
Además, permitiría a la presidenta del INE nombrar titulares sin someterlo a consideración del resto del Consejo.
En el segundo proyecto, la consejera Claudia Zavala Pérez, y los consejeros Martín Fernando Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez proponen implementar un mecanismo extraordinario para realizar los nombramientos.
Al iniciar la sesión de este viernes, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona advirtió que estos proyectos serían “devastadoras para el orden constitucional del INE” que rompían el diseño democrático y que representaban “la elevación del conflicto mayor y público que vivimos el día de hoy, en medio del proceso electoral más grande de la historia en México.
Por ello, pidió retirarlos y con ello evitar caer en un conflicto similar al del TEPJF.
“El orden del día que hoy se nos presenta incluye dos puntos que, de aprobarse, serían devastadores para el orden constitucional. Los acuerdos que hoy se ponen en la mesa son la condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tome un tribunal que, hay que decirlo con todas sus palabras, malamente ha podido administrar sus propios conflictos como lo evidencia la sistemática inconclusión de sus periodos presidenciales. No debemos dar ese paso, no debemos entrar a la confrontación”, dijo.
La postura de Espadas Ancona fue respaldada por Taddei Zavala, quien señaló que el proyecto de Zavala Pérez, Faz Mora y Rivera Velázquez invita a romper el marco constitucional.
“Es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido. Este consejo no tiene atribuciones para ir normando y regulando asuntos más allá de lo que están regulado, salvo aquellos casos que sean para omisiones de carácter legislativo y no estamos en esa situación. Reconozco lo que cada uno ha establecido, no lo comparto porque el 31 es un llamado a romper la legalidad que nos ocupa”, argumentó.
En respuesta, la consejera Dania Ravel Cuevas aseveró que con el proyecto de Montaño Ventura se busca evadir los consensos.
“Cuando se dice que no existe el consenso, al día siguiente amanecen como encargadas de despacho a través de un oficio. Es evidente que los que se estaba buscando era evadir la construcción de estos consensos permitiendo que una persona encargada de despacho fungiera como encargada de la Secretaría Ejecutiva, en ese sentido y por lo que dice la legislación y la reglamentación, me parece que era completamente ilegal lo que se estaba proponiendo”, acusó.
Y añadió: “Hemos tenido también algunas experiencias no gratas en donde se ha puesto a consideración de las de los consejeros electorales personas para ocupar la titularidad de alguna área y, cuando se dice que no existe el consenso, al día siguiente amanecen como encargados de despacho a través de un oficio. Es evidente que lo que se estaba buscando era evadir la construcción de estos consensos”.
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En su oportunidad, el consejero Jaime Rivera puntualizó que es inaceptable pretender concentrar una facultad en un poder unipersonal.
“En este caso de las encargadurías, la consejera presidenta ha utilizado un exceso de esa previsión legal, que es reglamentaria, con exceso por lo menos en el tiempo. Si ya llevamos medio año en una situación como esta, el carácter provisional es, por lo menos, dudoso”, exclamó.
En ese sentido, se mostró a favor de su propuesta sobre el mecanismo extraordinario para nombrar a los titulares faltantes, pero dijo que esta situación derivaba de un hecho en el que lo “excepcional y provisional” se ha convertido en una práctica habitual, en referencia a que la presidenta ha recurrido a la figura de encargados de despacho para colocar personas al frente de las áreas acéfalas en el INE, sin consultar al Consejo General como lo marcan los lineamientos.
“Una pretensión de concentrar en un poder unipersonal la facultad para nombrar a la Secretaría Ejecutiva, esto no sólo contraviene una disposición legal que por analogía se puede aplicar a una encargaduría de despacho para ese cargo, sino que va contra todo el diseño constitucional y legal de decisiones colegiadas”, dijo.
Cabe recordar que las áreas del INE que aún no cuentan con titular son: la Secretaría Ejecutiva; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; la Dirección Ejecutiva de Administración; la Coordinación Nacional de Comunicación Social; la Unidad Técnica de Fiscalización; la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, y la Dirección Jurídica.
Con información de La Razón y MVS Noticias
MSA
