Una vez que la protesta callejera derribó la reforma electoral propuesta por López Obrador al Congreso, el mandatario respondió con un manotazo en la mesa y con la advertencia de que no respetará la Constitución.
Y es que al mejor estilo del dictador Porfirio Díaz o de caudillos como Obregón y Calles, el presidente mexicano anunció que pasará por encima de la Carta Magna para imponer su reforma electoral.
En pocas palabras, asistimos a otro de los arrebatos delirantes de fin de sexenio, ya que López colocará a su gobierno al margen de la ley y provocará uno de los más severos conflictos constitucionales en los tiempos modernos.
¿Y por qué una crisis constitucional?
Elemental: porque el presidente mexicano obligará a sus diputados afines –de Morena y aliados–, a modificar el sistema elector mexicano mediante reformas a leyes secundarias, en abierta violación a la Ley Suprema.
Frente a tal escenario, los opositores del PRI, PAN, PRD y MC acudirán a la Suprema Corte para exigir una controversia constitucional que –en una circunstancia de auténtica División de Poderes–, resultaría claramente favorable para los denunciantes y hasta podría sancionar al oficialismo.
Sin embargo, nadie debe olvidar que en México existe una Suprema Corte sometida por el poder presidencial, lo que supone que los ministros lacayos de Palacio le darán largas al asunto hasta que se haya consumado el fraude electoral del 2024.
De ese tamaño será la crisis provocada por la ambición sin límite de un locuaz presidente que, en el fondo, intenta destruir todo el andamiaje que le dio certeza, legalidad y confiabilidad al sistema electoral mexicano; una reglamentación sin la cual el actual presidente no habría llegado al poder.
Y es que la propuesta de AMLO dinamita los pilares fundamentales de la democracia electoral mexicano, al acabar con la autonomía del INE, al reducir el financiamiento público a los partidos y destruir los mecanismos de administración de justicia electoral en todo el país.
Y para darnos una idea del tamaño de la destrucción que pretende imponer el dictador de Palacio, aquí un decálogo de la masacre electoral que viviremos en México.
1.- Asistiremos a la muerte del INE autónomo como hoy lo conocemos, el cual será sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que dependerá directamente del presidente en turno.
2.- Veremos la desaparición del Tribunal Federal Electoral y sus réplicas en los estados, con lo que se pondrá fin a la administración de la justicia electoral.
3.- Los consejeros del INEC y los magistrados de la institución que sustituirá al Tribunal Electoral serán electos cada seis años, por lo que de manera sexenal viviremos 90 elecciones nacionales; 60 para consejeros y 30 para magistrados, lo que provocará un mayor gasto en elecciones.
4.- Lo ridículo de tal iniciativa es que los aspirantes a consejeros y magistrados serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, por el partido del presidente, que tiene el control de los Tres Poderes de la Unión.
5.- En pocas palabras, el INE y el Tribunal Electoral dejarán de existir y sus funciones pasarán a una oficina más del poder presidencial, como ocurría en los tiempos del viejo PRI.
6.- Con la extinción del INE y el Tribunal Electoral, también desaparecen los Oples y con ello terminará la profesionalización electoral; todo será improvisación y quedará en manos de las mafias políticas regionales.
7.- El presidente también retoma el control total del Padrón Electoral y la emisión de la Credencial de Elector, lo que acabará con la confianza ciudadana en las elecciones.
8.- Se elimina por completo el financiamiento a los partidos políticos, fuera de las elecciones, lo que rompe la equidad en la contienda, además de que se abre la puerta al dinero proveniente del crimen organizado en las contiendas electorales.
9.- Se reduce 40% del tiempo de prerrogativas en medios de comunicación a favor de los partidos opositores, lo que los coloca en total desventaja frente al uso indiscriminado de los tiempos oficiales del presidente y su partido.
10.- Y se eliminan 200 de los 500 diputados federales y 32 de los 128 senadores, Es decir, desaparece la figura de diputado y senador de mayoría, lo que rompe el espíritu de la representación popular y estatal del Congreso, además de que se favorece el bipartidismo.
Todos los cambios citados requieren reformar una docena de artículos de la Constitución; reformas que no conseguirán Morena y sus aliados.
Por eso, violando la Constitución, López Obrador impondrá su capricho electoral mediante reformas a leyes secundarias, las cuales podrían estar vigentes solo el tiempo necesario para llevar a cabo el fraude electoral del 2024.
Permitirán los ciudadanos tal monstruosidad.
Al tiempo.
