En julio del 2019, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, hizo aprobar en el Congreso local una serie de reformas al Código Penal estatal para castigar con cárcel a quienes realizaran bloqueos callejeros u obstaculizaran la realización de obras públicas.
Esas reformas, conocidas como “Ley Garrote” porque criminalizaban la protesta social, fueron invalidadas meses más tarde por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque eran claramente violatorias de los derechos humanos.
Ahora muchos se preguntan si Adán Augusto, como secretario de Gobernación, dejará salir ese talante autoritario que lleva dentro y que lo llevó a impulsar esa “Ley Garrote” en Tabasco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió nombrar a su amigo Adán Augusto como secretario de Gobernación cuando le faltan exactamente tres años para dejar el poder.
Tradicionalmente a partir de la segunda mitad del sexenio las cosas se le complican al presidente en turno. Aumenta el desgaste del gobierno, se incrementan las inconformidades y suele haber más manifestaciones de protesta.
Muchos analistas han coincidido en que López Obrador llevó al ex gobernador de Tabasco a Gobernación porque necesitaba una mano más dura en esa área.
¿Hasta dónde llegará esa mano dura? ¿Volveremos a tener una Secretaría de Gobernación que funcione como instancia de represión política como en los viejos tiempos del PRI?
La SCJN invalidó la “Ley Garrote” de Tabasco, pero eso no eliminó el perfil autoritario de Adán Augusto López, quien cree –porque así lo plasmó en sus reformas– que si alguien realiza bloqueos en vialidades o se opone a la construcción de obras que afecten el interés común (como Dos Bocas o el Tren Maya) debe ser llevado a la cárcel.
