Como sabe, el gobierno federal presentó tres acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes en materia de combate a la corrupción que aprobaron los congresos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.
Sin embargo, lo que quizá no sabe es que al menos dos de las tres iniciativas podrían venirse abajo.
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Juan Miguel Alcántara Soria –ex titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública– explicó que sólo en el caso de Veracruz existiría materia para una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué?
Porque sólo en Veracruz se aprobaron leyes “a modo” para proteger al gobernador saliente, Javier Duarte.
En lo que toca a Quintana Roo –explicó Alcántara–, el gobernador Roberto Borge simplemente puso en marcha leyes aprobadas con anterioridad. En consecuencia, el expediente en contra de su marco legal no procedería.
Algo similar ocurriría en Chihuahua, donde el tema de fondo es el grosero endeudamiento –de más de 50 mil millones de pesos– en que incurrió el gobernador César Duarte.
Por ello, en un primer análisis. Alcántara Soria sugiere que los tres movimientos del gobierno federal son débiles, desde la óptica institucional. Acaso por eso, el experto advirtió que la jugada del gobierno federal no sería institucional sino que estaríamos frente a un mensaje político electoral.
Aun así, aunque se trate de una jugada más cercana a “la grilla”, Juan Miguel Alcántara lamentó que se trate de decisiones tardías. Después de todo, las gestiones de estos gobernadores estuvieron plagadas de irregularidades y hoy, luego de seis años, los daños son irreparables.
Para Alcántara, es todo menos lógico que el gobierno federal se diera cuenta de lo que ocurría en estas entidades hasta después de la elección. En especial si recordamos que el PRI perdió la elección de gobernador en los tres estados.
Incluso, Alcántara Soria aventuró que, de no haber perdido la elección, es probable que el gobierno federal no emprendiera acciones en contra de los Duartes y de Roberto Borge.
Frente a esta discrecionalidad, Juan Miguel Alcántara llamó a consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y a aprobar las leyes secundarias que corresponden. Ya que, de seguir como hasta ahora, las instancias responsables de auditar los excesos de la autoridad terminarán prostituidas ante la perversidad de quienes controlan políticamente a las instituciones.
