Con alguna frecuencia, la prensa nacional –e internacional– exhibe a los abogados rufianes.
En ciertos casos se trata de vividores de la tragedia que buscan los reflectores y abandonan a sus clientes cuando las cámaras se apagan.
También se sabe de “licenciados” que prometen el sol, la luna y las estrellas pero que, luego de cobrar un anticipo, desaparecen de la faz de la tierra.
Y hay, desde luego, abogados que simplemente no tienen idea de lo que hacen, de cómo lo hacen y de por qué lo hacen.
Por todo esto, aquí hemos cuestionado con severidad a los abogados patito; a esos que se sirven del derecho en vez de usarlo para servir a terceros.
Coincidentemente, el periódico El País reveló que de los mil 600 cursos de derecho que se ofertan en México, sólo 300 están acreditados. Es decir, que cuatro de cada cinco carreras de derecho son piratas.
¿Esto qué significa?
Poca cosa, que los alumnos de cuatro de cada cinco escuelas de derecho no reciben una formación que cumpla con los mínimos de calidad. En consecuencia, son abogados patito.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho en el país existen 321 mil abogados. No obstante, según estimaciones, sólo uno de cinco tendría el respaldo de una institución certificada. El resto –unos 260 mil–, vendrían de escuelas improvisadas.
Con estos datos en mente, ¿alguien se sorprende de las corruptelas, de la ineficacia y de la absurda burocracia que distinguen al sistema de impartición de justicia mexicano?
