Ante las propuestas gubernamentales de controlar y disminuir los conflictos que se presentan, ante el distorsionante panorama de la vida política nacional e internacional, la realidad muestra su rostro de terquedad, a contraparte de los esfuerzos de minimizar sus manifestaciones y sostener un discurso que va en ruta contraria a los hechos de la realidad misma.
La negación o los señalamientos adversos, de acallar las expresiones, de criticarlos como falsos o ilegales, como opuestos al sentir gubernamental, no ha calado del todo en la sociedad, la que mira la forma en que los acontecimientos van ocurriendo, lo mismo en el norte que en el sureste o el centro y las costas del territorio nacional. No solo es un conflicto de narrativas, los costos son mortales, sean políticos, gobernantes, clérigos, delincuentes o personas comunes.
No hay un momento para la reflexión, necesaria en los tiempos de crisis, para sopesar y diagnosticar adecuadamente lo que ocurre, para planificar estratégicamente las acciones decididas, para alinear los hechos con el discurso, en tanto la sociedad siente el golpeteo de la violencia criminal, en tanto se confronta entre sí, contra los grupos criminales locales y, no siempre comulga con los apuntes que realiza el gobierno, en sus propuestas como en la manera en que se proponen llevarla a cabo.
Si bien es cierto que se ha tomado el timón del mando en escasas tres semanas, la presión que viven las personas, los ciudadanos, la sociedad civil organizada, sigue siendo igual o a mayor escala que en los últimos días, semanas, meses y años incluso.
De ahí la demanda de intervención gubernamental en diversos frentes, más allá de su obligación constitucional, ya sea el de la inseguridad, las dificultades de atención en la salud, en la educación, en los apoyos por causas de los impactos de fenómenos naturales, en la inversión para mantener la capacidad productiva, en suma, para crecer económicamente, con una necesaria alta dosis de seguridad.
Sin seguridad no habrá desarrollo, desde la seguridad sentimental, de sentirse seguros en casa, en la calle, en el trabajo, de que cuando salgan, regresen.
El portafolio de la narcodelincuencia, sigue acumulándose, no solo es el trasiego de drogas, es la extorsión, el homicidio doloso, el asesinato cuasi terrorista, la impunidad, el contubernio, el fraude, el derecho de piso, el secuestro, la lucha entre carteles, estamos al borde de una guerra civil, como ocurre en Chiapas, o en pérdida de gobernabilidad, como ocurre en Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, o Guerrero. La gobernabilidad y el estado de derecho han sido superados por la delincuencia.
Por todo ello, se requieren acciones urgentes y contundentes en contra de la delincuencia organizada. Que en términos de justicia y seguridad, no tengamos que ver qué hacen en Estados Unidos y pretender recuperar algunos beneficios de nuestro lado.
Es claro que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos, nadie lo hará.
Aquí sí, la idea de la democracia que tanto se cita, el gobierno debe caminar y actuar decididamente, con el pueblo y para el pueblo, para su beneficio.
El beneficio de la duda o el aprovechamiento del bono electoral deben contribuir a tomar las decisiones en el interés de la nación. La oportunidad temporal es única y debe ser aprovechada.
Es la oportunidad de aprovechar la coordinación y el talento de todos, de romper con la inercia burocrática de mirar los problemas como si solos se pudieran resolver. De cambiar la política de avestruz por la política a favor de las causas de la sociedad, del pueblo o de la nación.
Sin seguridad no hay desarrollo, tampoco habrá justicia, ni menos aún democracia.
El tiempo avanza, no para, no da concesiones, así avancemos en el quehacer de la política, con grandes estrategias, para lograr alcanzar la tranquilidad, la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo.
