El ciudadano de a pie, común y corriente, siente el peso de la información de y sobre la inseguridad y violencia, en su comunidad o ciudad o en la de otros, parientes amigos o conocidos.
La información gubernamental choca contra la realidad cotidiana que vive, observa o escucha.
Las visitas recientes realizadas por el gobierno federal a ciertas entidades con problemas de impacto meteorológico o de altos niveles de inseguridad y violencia criminal, como Guerrero, Sinaloa, Chiapas o Guanajuato, muestran la intención de atender estos desafíos, más aún cuando elementos del Consejo de Seguridad, participan en trabajos directos conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad.
Por su parte, la delincuencia organizada ha respondido con violencia criminal, con actos cuasi terroristas, la decapitación de algunas personas en Guerrero o Sinaloa, exponiéndolas ostensiblemente, ha mostrado el nivel de insurrección, rebeldía y disposición de elevar gravemente su acción delincuencial. La indignación social ha sido manifiesta. Los grupos organizados, los familiares de las víctimas e incluso los gobiernos locales, han solicitado la intervención urgente de las fuerzas del orden para contener y combatir, más allá de la disuasión, a los grupos criminales.
Son diversas las causas que rondan la inseguridad violenta. Una impunidad abierta para ser detenidos o castigados con la aplicación de la ley, contubernio con autoridades y candidatos, ampliación de su poder en territorio nacional, control de plazas en municipios y comunidades, en donde ha habido expresiones manifiestas, trágicas, de violencia excesiva, que provoca temor y control, que deja en estado de indefensión a la sociedad.
De ahí las llamadas de auxilio, aunque no medien oficios de por medio, de gobernantes y de la sociedad organizada, de manifiestos y declaraciones, de la difusión de eventos que muestran la barbarie que azota a la nación.
El ciudadano está sujeto al interés creciente de la delincuencia; en cada estado, región, municipio o comunidad, la delincuencia acecha, vigila, persigue a sus víctimas hasta lograr su cometido, con amenazas o ataques directos, ya sea el robo, la extorsión, el derecho de piso, hasta la muerte.
Si, ante la barbarie actual, las acciones de seguridad por parte de las fuerzas del orden, son urgentes, necesarias y fundamentales para devolver la seguridad perdida, restaurar la tranquilidad robada y las actividades cotidianas; la barbarie crece y la contemplación no es la mejor opción, no es factible un neoliberalismo criminal, de dejar hacer o dejar pasar a la delincuencia.
Los momentos actuales, la manera en que el gobierno decida actuar, son cruciales para la sobrevivencia social, para mantener la credibilidad y confianza gubernamentales, la seguridad en todas sus expresiones, nacional, interior y pública, está al filo de la navaja, toca a la nueva clase política responder al llamado de la población que, les ha dado un voto de confianza.
Estamos en un contexto en donde dos juicios en Estados Unidos, el del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna y el de Ismael, el Mayo, Zambada, tendrán gran impacto en la vida política nacional y, en particular, en los tópicos de la seguridad.
Son tiempos difíciles para la nación. El gobierno debe escuchar a la sociedad y actuar con el poder del Estado.
