El pasado viernes 31 de marzo, Francisco Javier Acuña concluyó su cargo como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con ello, este órgano autónomo quedó inoperante debido a que no cuenta con el quórum necesario para sesionar; pues con la salida de Acuña Llamas, el INAI se quedó con solo cuatro integrantes.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “Las sesiones del Pleno sólo serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente”.
La inoperancia del INAI llegó en un mal momento, ya que se da en un contexto en el que la inconformidad por las respuestas o la falta de éstas a solicitudes de información, hechas a entes de la administración pública, ha crecido 22.4 por ciento en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En el 2019, el primer año completo del sexenio del mandatario tabasqueño, se realizaron 281 mil 803 solicitudes de información, de las cuales 16 mil 542 —el 5.8 por ciento— derivaron en un recurso de revisión, según datos del INAI.
En el 2021, la relación bajó a 5.3 por ciento, ya que se presentaron 14 mil 882 reclamaciones respecto de los 277 mil 133 cuestionamientos.
Sin embargo, en el 2022 hubo 309 mil 621 solicitudes, pero 22 mil 204 concluyeron en un recurso de revisión; es decir, 7.1 por ciento, una proporción 22.4 por ciento mayor que la del 2019.
“El INAI no sólo tutela el derecho a saber de las personas, sino también su derecho a la privacidad”, señaló Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
¿Qué es un recurso de revisión?
El recurso de revisión es el medio con el que las personas cuentan para impugnar, en caso de que la instancia pública a la que solicitó información niegue la respuesta o la entregue incompleta.
Un ejemplo es cuando ciudadanos preguntan a una institución sobre cómo se ha ejercido el presupuesto para determinados proyectos y la dependencia responsable declara que tal información es reservada, inexistente o que no tiene facultades para otorgarla.
Desde enero hasta el 4 de febrero pasado, (último corte de datos del Inai) hubo 24 mil 761 peticiones y mil 422 recursos en el país.
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Durante la última semana registrada, del 29 de enero al 4 de febrero, el sujeto obligado con mayor número de impugnaciones fue la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 45 recursos.
Estos recursos de revisión se presentan también cuando la respuesta dada por un sujeto obligado a proporcionarla es incompleta, no responde conforme a lo solicitado, la modalidad o formato de la respuesta es distinta a la solicitada o se entrega en un formato incomprensible, entre otros.
Éstos se presentan en un plazo de 15 días posteriores a la fecha en que se recibió la respuesta, y es el pleno del Inai la autoridad encargada de resolver los recursos en un plazo máximo de 40 días a partir de que los admite y sólo puede ampliarse una vez hasta por 20 días.
La inactividad actual del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, por falta de quórum, al haber tres comisionados —de un total de siete— menos, se da en un contexto donde su actuar ha sido clave para abrir las respuestas que organismos y dependencias de la administración pública federal se han negado a brindar o completar.
Tal es el caso del organismo del Estado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para el cual el Inai abrió un micrositio en el que se apunta que desde el 20 de enero del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2022 se identificaron mil 523 solicitudes de acceso a la información.
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Del total, en 77 se interpuso un recurso de revisión o queja, lo que se traduce en 5.1 por ciento de inconformidad en las respuestas dadas.
Sin embargo, se detalla que, de las mil 523 solicitudes, en 348 respondió que no tenía competencia para brindar la información pedida, declaró la inexistencia de la misma, que era reservada o confidencial, entre otras argumentaciones.
Otros temas en los que el pleno ha tenido una participación relevante para transparentar asuntos de interés público son los relativos al Covid-19; la extracción ilegal de los ductos de Pemex; el caso Odebrecht; la Estafa Maestra, y el padrón de beneficiarios de programas sociales del Gobierno Federal, entre otros.
Aunque la falta de designación de comisionados y la nula existencia de acuerdos para que el Senado los nombrara dentro de casi un año que tuvo para ello no está vinculada directamente con los casos que se resuelven, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que “el que el INAI no pueda sesionar retrasa y afecta el derecho a saber de las personas en México”.
Mencionó que el pleno no es un órgano unipersonal y en el colegiado se discuten los temas más sensibles del país, que ahora se ve imposibilitado para cumplir con lo que establece la Constitución.
“El INAI no sólo tutela el derecho a saber de las personas, sino también su derecho a la privacidad o, como se conoce técnicamente, la protección de datos personales. Además, el derecho a saber es un derecho-llave: a través de la información, las personas pueden ejercer otros derechos: a la salud, a la educación de calidad y, en general, al buen gobierno”, expuso.
Con información de La Razón
MSA
