La polémica Ley Fayad –con que el senador Omar Fayad pretende regularizar los delitos cibernéticos–, encendió los ánimos en las redes sociales.
Para algunos, se pretende imponer una ley mordaza.
Para otros, el senador intenta criminalizar el uso de redes sociales.
Y para otros más, el Estado quiere meter la mano en espacios “libres”, como el internet.
En este espacio no somos expertos en los alcances y límites del internet. Tampoco somos Ministerio Público para decidir si se criminaliza –o no–, a los usuarios de redes sociales. Sin embargo, la naturaleza de nuestro trabajo nos ha mostrado la cara amable –y la perversa– de libertades como la de expresión.
Por eso, estamos convencidos de que no sólo es necesario sino urgente regular espacios como las redes sociales.
En definitiva, no coincidimos con los planteamientos que hace el senador Fayad. Al botepronto se perciben imprecisiones, ambigüedades y lagunas legales. No obstante, también es cierto que un buen trabajo de redacción y pulido legislativo, podría ser un buen punto de partida para regular estos espacios.
Y es que, basta una revisión simple por lo que se publica en redes sociales para comprobar que abundan los excesos; que no faltan los que exhiben documentos privados o que, simplemente, hay quienes se dan vuelo exponiendo al público asuntos íntimos de terceros.
Por eso, no está de más preguntar, ¿si estos actos son delitos cuando ocurren en un medio de comunicación formal, por qué no lo son si se llevan a cabo en redes sociales?
Por donde se vea, nadie tiene derecho a difamar, a exhibir, a hostigar o a lesionar sicológicamente a otra –u otras– personas; ya en persona o en las redes sociales.
Por ello, creemos que si bien la Ley Fayad no cumple con los principios básicos para ser una legislación viable; lo cierto es que la autoridad está obligada a evitar que se llegue al terrorismo cibernético en contra de las personas. Y por eso, es necesario regular.
