El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantenga en la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, al argumentar que gracias a ello se asegura que los presuntos criminales no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
En un comunicado, Adán Augusto, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, señalan que la existencia de esta figura es fundamental en ciertos delitos.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, exponen.
En este sentido, se señala que la administración del mandatario tabasqueño invierte recursos en operativos e inteligencia para lograr las capturas de presuntos criminales, por lo que esta medida cautelar favorece que no se evada la justicia.
Por ello, enfatizan que la figura de la prisión preventiva oficiosa es legal ya que se aplica a delitos particularmente lesivos para la sociedad, como el homicidio doloso, el feminicidio o la desaparición forzada.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, indican.
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De lo contrario, alertan que si se elimina sería una medida negativa para la seguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, enfatizan las autoridades federales.
Cabe recordar que el ministro de la Corte Luis María Aguilar presentó un proyecto que busca anular dicha figura al argumentar que se trata de un disfraz, ya que era una medida desproporcionada que violenta la presunción de inocencia y los derechos humanos; y atenta contra los principios constitucionales.
“Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y, eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia”, enfatizó el ministro en su proyecto.
Comunicado al pueblo de #México y a la @SCJNhttps://t.co/xmRNQ8taPg pic.twitter.com/9sxNn4Umh6
— Gobierno de México (@GobiernoMX) August 24, 2022
Con información de Aristegui Noticias y Animal Político
MSA
