Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador criticó los derroches y despilfarros de las pasadas administraciones, por ello prometió que si ganaba la Presidencia se acabarían los privilegios de los políticos y que su gobierno implementaría medidas de austeridad para generar ahorros en beneficio del pueblo de México, en especial de los más pobres.
Una vez en el poder, y con el pretexto de que “combatiría la corrupción”, canceló programas sociales que sí servían -como el Seguro Popular y las estancias infantiles-, aplicó recortes presupuestales en diversos sectores -como el de la salud-, eliminó fideicomisos, entre otras medidas para generar ahorros.
Lo preocupante es que todas estas acciones generaron un caos en el país y entre los mexicanos, siendo los pobres los más afectados.
Sin embargo, en todo este tiempo el Gobierno Federal no ha dado información acerca del destino que dio a los ahorros producto del plan de austeridad durante 2021, que concentró al menos 5 mil 980 millones de pesos.
Así lo afirmó Annel Vázquez Anderson, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, quien afirmó que preocupa que el mandatario tabasqueño no tenga bases de datos para conocer dónde están esos recursos.
“Los ahorros nos preocupan especialmente porque no hay información sobre su destino y no hay un adecuado análisis en la reducción de las partidas (presupuestales) y hay un ahorro al menos de 5 mil 980 millones de pesos, la mayoría provenientes de gastos operativos y servicios personales”, destacó en la presentación del segundo “Informe sobre el combate a la corrupción: El país y las entidades federativas 2021”.
El informe que presentó la especialista compila el alcance de los mandatos de las instituciones anticorrupción en México, que además analiza el desarrollo de los sistemas anticorrupción en los estados del país además del manejo de sus presupuestos.
En ese sentido, Vázquez Anderson explicó que los especialistas analizaron la cuenta pública de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para conocer las prácticas de discrecionalidad y la manera en que las dependencias emplearon los recursos.
Entre las variables analizaron las adecuaciones presupuestales, los gastos directos, fideicomisos, ahorros y contrataciones públicas, entre otras.
Destacó que de los 4 mil 253 millones de pesos destinados a gastos indirectos en 2021, 2 mil 824 millones estuvieron enfocados al ramo de bienestar, de los cuales 80.7% fueron etiquetados para el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
De los 253 fideicomisos del gobierno federal, 25 concentraron 482 mil 773 millones de pesos, de los cuales 20 fueron coordinados por la SHCP y los otros cinco fueron coordinados entre la Secretaría de Salud y de la Defensa Nacional (Sedena), que en el presupuesto de egresos fueron los que más recursos recibieron.
Resaltó que 80% de las contrataciones públicas fueron por adjudicación directa y 10% por licitación pública, las que las instituciones con más contrataciones fueron el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Entre las conclusiones del informe detalló la ausencia de coordinación y resultados conjuntos entre las instituciones públicas y la carencia de políticas estatales en materia anticorrupción, que suelen ser una réplica del sistema nacional.
Para el análisis de datos los especialistas revisaron 426 solicitudes de información, 31 bases de datos públicas de ocho instituciones públicas federales con más de un millón 880 mil datos abiertos.
Con información de Latinus
MSA
