Una buena parte de la producción legislativa de Morena lograda durante los tres primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está atorada en el Poder Judicial ante las posibles violaciones a la Constitución.
Entre el 1 de septiembre del 2018 y el pasado 31 de julio fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 32 acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias constitucionales, para un total de 50 recursos de de impugnación en contra de reformas legales posiblemente violatorias de la Carta Magna.
Durante el mismo periodo del sexenio pasado, es decir, durante los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, solo se presentaron 12 acciones de inconstitucionalidad y ninguna controversia constitucional.
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De los 50 recursos presentados ante la Corte ya sea por minorías en el Congreso, por gobernadores o por órganos autónomos como la CNDH y el INAI, solo se han resuelto cinco, lo que significa que 45 intentos de reformas promovidas por López Obrador aún están atoradas por su posible inconstitucionalidad.
Entre las reformas impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad que aún no resuelve la Corte están las relacionadas con la industria eléctrica, la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la llamada “Ley Zaldívar” y las reformas que implican la creación de un padrón de usuarios de telefonía celular.
En tanto, a través de controversias constitucionales están atoradas las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, las reformas para desaparecer los fideicomisos, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad y hasta el desafuero del gobernador de Tamaulipas.
Adicionalmente, hay centenares de amparos individuales presentados en contra de la creación del padrón de usuarios de celulares, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Reforma Laboral, la desaparición de las estancias infantiles y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras.
Lo anterior confirma que durante los tres primeros años de gobierno el presidente se dedicó a enviar al Congreso iniciativas sin ton ni son, que fueron aprobadas obedientemente por la mayoría morenista con apoyo de sus rémoras, pero sin tener el cuidado de revisar las posibles violaciones a la Constitución en que incurrían la mayoría de ellas.
