Entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, las autoridades detuvieron a dos de los principales líderes de la CNTE.
En primer lugar, a Francisco Villalobos, coordinador de organización de la Sección 22; quien fue detenido por robo agravado. Horas más tarde –cerca de las tres de la mañana del domingo–, a Rubén Núñez; el líder del ala disidente del magisterio.
Para ser francos, los motivos detrás del arresto de estos personajes son un mero formalismo. En realidad, tanto Núñez como Villalobos son responsables de los desmanes, los abusos, los despojos, los saqueos y la violencia que distingue el actuar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Núñez y Villalobos –entre un puñado de individuos cortados con la misma tijera– son las cabezas de una de las mafias más poderosas y reaccionarias del país.
Por eso, su detención obedece, más que a los crímenes que les imputan, al sentido común. Y es que, aunado a los bloqueos, las marchas, los saqueos, los destrozos y el abierto chantaje con la autoridad; Núñez y Villalobos han sido vinculados con enriquecimiento ilícito, con células criminales, con grupos guerrilleros y con todas las felonías que distinguen a los jefes de las más complejas y destructivas organizaciones criminales.
Es así que, aunque tarde, la autoridad hizo lo que le correspondía. Aunque tarde, el gobierno finalmente puso a estos personajes donde pertenecen: en prisión. Y aunque tarde, la procuraduría de Oaxaca y la PGR demostraron que el Estado de Derecho y las instituciones son más fuertes que las agrupaciones delictivas como la CNTE.
Bien por esta señal de fortaleza, la pregunta es; ¿podrán las procuradurías armar un caso sólido en contra de estos individuos? ¿o será que en unas semanas estaremos cuestionando que algún juez –de algún juzgado–, ordenó la libertad de estos pillos?
