En 2013, cuando Uber comenzó a operar en la Ciudad de México, fue visto por muchos como una solución a dos problemas de la capital: el desempleo y la movilidad. A quienes decidieron convertirse en socios o choferes, la empresa les permitió obtener ingresos considerables. Al mismo tiempo, los usuarios encontraron la posibilidad de transportarse de forma económica y segura. Tres años después, algunos socios acusan a la empresa de tomar decisiones que dañan sus ingresos, y –para obligarla a dar marcha atrás–, se plantean recurrir a marchas y manifestaciones que podrían afectar la movilidad.
Este martes, algunos miembros de la Unión de Socios y Choferes de Uber se concentraron en las inmediaciones del Aeropuerto capitalino y del Estadio Azteca para exigir que la empresa dé marcha atrás a medidas que –según mencionan– han hecho decrecer sus ganancias hasta en un 85%. Los socios exigen que se elimine el servicio Uber Pool –en el que varios usuarios comparten el mismo vehículo–, que se reduzcan las comisiones para la empresa del 25 al 15 por ciento, que se restablezca la tarifa mínima con la que la empresa comenzó a operar, que era de 50 pesos –actualmente es de 35– y que se ponga un límite al ingreso de nuevos vehículos. Además, los conductores de Uber piden el apoyo de las autoridades federales que intervengan para regular a la empresa.
¿Qué ha cambiado? ¿Acaso no fueron los choferes y socios de Uber beneficiarios del libre mercado cuando la empresa estableció ventajas competitivas frente a los taxis tradicionales? ¿por qué ahora sí piden una regulación?
Es claro que los cambios en las tarifas y la forma en que Uber opera han afectado el bolsillo de sus asociados. Sin embargo, al pedir que se modifique la tarifa mínima y se limite el número de unidades en circulación, los quejosos olvidan que el mercado se regula por la ley de la oferta y la demanda, y en ello, el gobierno no tiene por qué intervenir.
Además, al pedir que se elimine el servicio Uber Pool y se modifiquen las tarifas, los socios y choferes parecen ignorar que precisamente esas características distinguen al servicio que ofrecen del de un taxi común y corriente, y que prescindir de ellas implicaría perder ventajas competitivas.
Asimismo, las manifestaciones públicas y afectaciones a la circulación son infundadas. El conflicto entre Uber y sus asociados es un problema entre particulares, no de carácter público. Por ello, si los quejosos consideran que las tarifas son injustas y las comisiones que se les cobran son excesivas, tendrían que recurrir a una acción legal. Sólo un juez –al aplicar la ley– podría determinar si la empresa ha incumplido o no el acuerdo que la vincula con sus socios y, en consecuencia sancionarla, obligarla a modificar la forma en que se desempeña o –en su caso– absolverla y permitirle operar en las mismas condiciones.
Sin embargo, parece que el ejemplo de grupos que recurren a la movilización en las calles para negociar y presionar a su contraparte incluso sin tener argumentos sólidos ha permeado a otros actores colectivos.
