Luego que los Senadores –de todos los partidos– se negaron a aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas –mejor conocida como 3 de 3–, con la redacción y las exigencias que planteó la ciudadanía; vale la pena analizar los costos y las consecuencias de la decisión.
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor José Roldán Xopa comentó que antes de publicar los datos de los servidores públicos, es necesario construir un marco normativo.
Es decir, que resulta indispensable aprobar leyes que determinen cómo se protegerá esa información y cómo se difundirán los datos.
Previo al debate de la noche del martes –cuando el Senado aprobó la versión “light” del 3 de 3–, existía un acuerdo de las situaciones y los casos en que sería obligatorio dar a conocer la información patrimonial de un servidor público. No obstante, denunció Roldán, los acuerdos se modificaron de última hora, se eliminó el listado de situaciones y el 3 de 3 se quedó sin fundamento en ley para definir las situaciones en que se debe publicar la información de los funcionarios.
En esta lógica, la legislación aprobada –continuó el especialista–, está construida sobre términos ambiguos y permite que cualquier servidor público argumente que su privacidad –o su seguridad– estarían en riesgo y con ello se cierre la puerta a la transparencia.
O si lo prefiere, que seguramente serán los tribunales los que –luego de un laberinto legal–, determinen caso por caso, cuándo corresponde hacer pública una declaración patrimonial y cuándo no.
Lo anterior es grave porque, de acuerdo con el Doctor Roldán, los servidores públicos –en tanto servidores– cuentan con un estatus distinto al del ciudadano de a pie. En consecuencia, están obligados a rendir cuentas y a explicar el uso que dan al dinero de todos. Por todo esto, el registro de datos que propusieron el IMCO y Transparencia Mexicana es pertinente, es relevante y es necesario.
Después de todo, cuando un político deja pasar la oportunidad de recuperar la confianza del ciudadano, cuando un servidor público ignora el momento en que es posible cambiar las condiciones del país y cuando un tomador de decisión emplea justificantes para evadir sus compromisos; entonces quedan retratados como servidores públicos, como políticos y como tomadores de decisión mezquinos que evaden su responsabilidad y mantienen el orden actual de las cosas.
