El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es muy polémico, desde el ámbito de la política y de lo religioso. Luego de la la iniciativa presentada en mayo por el presidente Enrique Peña Nieto— para reformar el artículo cuarto constitucional y reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo—, al parecer se dio un distanciamiento entre la Iglesia y el Gobierno.
Así que este domingo—luego de tres meses—la Arquidiócesis de México reavivó el tema y en su semanario Desde la Fe publicó dos artículos en los que acusa al Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia de realizar interpretaciones “a modo” de la ley para poner criterios como la libertad y la no discriminación por encima de las relaciones familiares para impulsar la legalización del matrimonio homosexual.
En su publicación, la Arquidiócesis también afirma que el matrimonio homosexual atenta contra la institución familiar y que se trata de un “falso derecho”, pues los tratados internacionales de derechos humanos no reconocen que el matrimonio “sea derecho de lesbianas y homosexuales”.
Hay quienes apuestan por la tolerancia para dejar que cada quien se exprese de acuerdo a sus ideas e intereses. Por un lado la iglesia está en su derecho de defender sus posturas, pero un Gobierno liberal como el de Peña Nieto también está en su derecho de proponer las iniciativas que mejor le convenga…pero el Estado mexicano tiene la regla básica de la laicidad.
Pero, ¿Por qué nos escandalizamos por la posición del Gobierno o de la iglesia? Debemos saber que vivimos en un Estado laico.
De acuerdo con el filósofo, jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio, un Estado es laico cuando existe una separación jurídica entre la iglesia y las instituciones públicas. Sin embargo, esto no implica que el Estado deba adoptar una “ideología laicista” o antirreligiosa, pues la separación no conlleva a que exista necesariamente una confrontación entre ambas partes. Más bien, el laicismo hace referencia a una actitud tolerante —tanto del Gobierno como de las autoridades eclesiásticas— que conlleva el respeto a la pluralidad de ideas sin imponer un sistema de creencias.
Ante este conflicto iglesia-Gobierno, hay quienes apuntan a que el conflicto en torno al matrimonio homosexual debería comprenderse desde el punto de vista del laicismo y la tolerancia.
En sus artículos, la Arquidiócesis acusa al Gobierno de no utilizar técnicas de derecho comparado y no observar lo dispuesto en tratados internacionales. Pero al mismo tiempo le pide que no ceda ante presiones internacionales para favorecer a grupos de poder o a organismos extranjeros, pues así estaría comprometiendo su soberanía. Entonces, ¿El Estado debe o no mirar hacia el ámbito internacional para legislar respecto al tema? ¿No debe ceder ante los intereses de esos supuestos organismos extranjeros pero sí ante la presión de la iglesia?
Por otro lado, el cardenal Norberto Rivera afirmó que, aunque la iglesia no puede imponer sus convicciones, tampoco puede permitir que sus principios sean ignorados. Además, llamó a sus feligreses a proclamar “las verdades del reino de Dios como fórmula que hace posible la convivencia humana, el progreso y la dignificación de la sociedad”. Pero ¿Acaso no son las leyes las que en un Estado laico deben ser esa “fórmula” para la convivencia?
El laicismo implica que tanto el Estado como la iglesia deben ser respetuosos de los posicionamientos.
