En pasadas semanas Wikileaks filtró cientos de correos electrónicos robados a John Podesta, jefe de campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, en los que se revelan los pormenores de la campaña electoral de la ex primera dama.
La información ocasionó un revuelo en la política internacional y tuvo un gran impacto en la la contienda por la silla presidencial de Estado Unidos.
De este modo, la embajada ecuatoriana en Reino Unido decidió restringir el acceso de internet al creador de la organización, Julian Assange, quien desde hace cuatro años se encuentra refugiado en el recinto.
Wikileaks acusó desde la noche del sábado pasado a Quito, capital de Ecuador, y en específico al secretario de estado John Kerry, por ceder a las presiones e impedir que el fundador de la organización pueda continuar con su labor periodística y activista.
Al respecto, la cancillería de Ecuador comunicó que en su ejercicio soberano restringió temporalmente el servicio de internet a parte del sistema de comunicaciones de Wikileaks porque respetan el principio de no intervención de la nación ecuatoriana en los asuntos de otros países y en sus procesos electorales.
Por su parte el departamento de Estado de los Estados Unidos, desmintió las acusaciones de Assange, y aclaró que a pesar de que las acciones de Wikileaks son preocupantes, nadie está implicado en la medida tomada por Ecuador.
Es cierto que Julian Assange y cualquier persona goza de libertad de expresión, pero también es un hecho que como refugiado siempre es primordial acatar las políticas exteriores de los países que dan el asilo.
¿Estamos frente a un caso de descarada censura o sólo frente a los principios de un nación que ha optado por no entrometerse en asuntos externos?
