Hace días, senadores del PRI, PAN, PRD y PT propusieron reformas a la Ley Federal del Consumidor.
Con esta reforma, los legisladores pretenden fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor –Profeco– y consolidar la regulación de transacciones comerciales por internet.
Este proyecto legislativo es importante pues tres de cada cuatro internautas mexicanos realizan compras en línea. De hecho, el valor de estas transacciones superó los 162 mil millones de pesos, en 2014.
En entrevista para La Otra Opinión, la senadora priista Ana Lilia Herrera advirtió que un número importante de mexicanos prefiere no hacer compras por internet pues teme caer en algún fraude. En este contexto, un puñado de senadores –de distintos partidos– presentaron la iniciativa para regular las transacciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra variante tecnológica.
De acuerdo con Herrera, este proyecto obligaría a los vendedores por internet a informar de forma clara, cierta, accesible, actualizada y fidedigna su identidad. O si lo prefiere que el comprador sabría a quién le compra.
Pero hay más. Esta iniciativa otorgaría dientes a la Procuraduría del Consumidor. Por ejemplo:
Le darían la capacidad de emitir alertas sobre productos, prácticas o abastecimientos que ponen en peligro la salud de los consumidores.
Tendría la posibilidad de prohibir la comercialización de productos, prácticas o abastecimientos que pongan en riesgo la salud.
Existiría la posibilidad de señalar y sancionar la publicidad engañosa.
Y finalmente, se establecería un sistema de sanciones real. Después de todo, en el esquema actual, los comerciantes que cometen alguna falta y son multados por Profeco, suelen evadir la responsabilidad e ignorar las sanciones.
No obstante, en el arreglo propuesto, los comerciantes multados tendrían sólo 15 días para cubrir el total de la multa.
Al botepronto, la iniciativa parece una buena noticia. La pregunta es, ¿la aprobarán?
