Al igual que los gobiernos panistas de Sonora y de Baja California Sur, el gobierno priista de Colima podría concluir en medio de escándalos de corrupción.
Hace años –en 2009 que inició la administración del gobernador Mario Anguiano Moreno–, Colima era famoso por su bajo nivel de deuda. De hecho, por momentos llegó a ser la entidad con menos pasivos.
No obstante, hoy que Anguiano Moreno deja el cargo, lo hace con una deuda de 7 mil millones de pesos. Es decir, que el tricolor se va entre acusaciones por despilfarros, excesos y corrupción.
Lo curioso del asunto es que, mientras el gobernador se marcha con la cola entre las pata, un congreso a modo ignora que su labor es servir de contrapeso a las administraciones tranzas.
La tarde del lunes, el Congreso de Colima aprobó un crédito de más de mil 600 millones de pesos. Según se dijo, esta cantidad serviría para cubrir las deudas del gobierno colimense.
Lo peculiar del caso es que el crédito se aprobó por la mala. Con todo tipo de mañas y de artilugios legaloides.
En entrevista para La Otra Opinión, el senador colimense Jorge Luis Preciado –quien todavía disputa el gobierno del estado–, narró cómo él –junto con otros legisladores–, tomaron la tribuna para evitar que se aprobara el crédito.
Acto seguido, una comisión negociadora acordó que la tribuna quedaría libre a cambio de que se evaluara y replantara la adquisición del crédito.
Todo iba bien, recordó Preciado, hasta que el recinto legislativo fue rodeado por policías, los opositores terminaron fuera del salón de sesiones y en medio de un zafarrancho, la mayoría priista aprobó el crédito por más de mil 600 millones de pesos.
Pero hay más. El crédito no sólo se aprobó de modo “fast track” y con toda clase de trampas. Además, según el senador Preciado, bastarían 600 millones para cubrir las deudas del estado. El resto, explicó el panista, se usarían para pagar supuestas obras de empresas patito que pertenecen a los amigos del gobernador.
Por todo lo anterior, el Senador Jorge Luis Preciado adelantó una serie de medidas –que incluyen un recurso de inconstitucionalidad–, con tal de frenar el despilfarro del gobierno que termina.
Todo esto, no sobra recordar, en medio de una crisis electoral en que no se sabe, con certeza, quién fue el ganador en las votaciones del pasado siete de junio.
