Tienen razón escritores y periodistas preocupados por la investigación que lleva a cabo la PGR contra Ricardo Anaya.
Es correcta la llamada de atención, a la autoridad respectiva, respecto a la urgencia que tiene el caso, en especial ante los tiempos fatales del proceso electoral presidencial de julio próximo.
Es decir, la autoridad debe acelerar las indagatorias que vinculan a Ricardo Anaya con un presunto lavado de dinero, a fin de esclarecer la presumible comisión de un delito en el caso del aún candidato presidencial de la coalición PAN, PRD y MC.
Sin embargo, resulta simpático –si no es que ridículo- que tanto los escritores, periodistas y activistas de la llamada “sociedad civil organizada” que urge en la aclaración del caso, no sean capaces de entender que los relojes de la justicia, de la política y de los procesos electorales no están sincronizados a partir del interés de un solo “huso horario”.
Dicho de otro modo, que los tiempos de la política, de un proceso penal y de una elección presidencial tienen distintos plazos, diversos intereses, diferentes motivaciones y objetivos dispares.
En efecto, hay políticos que quieren vencer a Ricardo Anaya “en la báscula”. También es cierto que son muchos los indicios de que Ricardo Anaya “se condujo por los meandros de la corrupción”. Y es perfectamente claro que la sociedad merece saber si uno de los principales candidatos presidenciales “es una rata” o se trata de “una blanca paloma”.
Por eso la primera pregunta.
¿Es posible conciliar tres o más intereses prioritarios en torno al caso Anaya? Hasta hoy nadie ha dicho “esta boca es mía”. Más aún, la experiencia dice que no existe antecedente al respecto. Nunca, como hoy, un precandidato presidencial había estado “bajo sospecha” de corrupción.
Recientemente –y en abono al tema–, los españoles vivieron un caso similar. Un referéndum inconstitucional llevado a cabo en Cataluña convirtió en presidente electo a Carles Puigdemont.
Resultó curioso que una abrumadora mayoría de analistas ibéricos respaldaron al Gobierno español a favor de llevar preso al supuesto presidente electo, mientras que en México menudearon las voces que sostenían que había judicializado el derecho separatista. Muchas de esas voces hoy se oponen a que Ricardo Anaya sea llevado a juicio.
Pero la verdadera aberración de la mirada unidireccional de los periodistas, analistas, y representantes de la disque “sociedad civil” que exigieron al Gobierno federal celeridad en la indagatoria que vincula a Ricardo Anaya con lavado de dinero, fueron incapaces de invitar a la parte contraria, al señor Anaya a que haga todo lo que está de su parte para ajustar los relojes de la justicia, la política y el proceso electoral.
¿Qué quiere decir lo anterior?
La respuesta es elemental; que está en manos de Anaya acelerar el proceso, catalizar una resultante y sacar a la elección de la zona de riesgo.
En pocas palabras y en una pregunta.
¿Por qué los “abajo firmantes” no invitaron, exhortaron, llamaron o exigieron a Ricardo Anaya, que acudiera ante la autoridad respectiva, para rendir su declaración?
Si muchos de los “abajo firmantes” creen, suponen, imaginan o están seguros de la inocencia de Anaya; si están convencidos de que se trata de una persecución política, ¿por qué no le recomendaron a su promovido Ricardo Anaya que acudiera ante la SEIDO a declarar?
Y es que parece aberrante y, sobre todo parcial, que los “abajo firmantes” exijan claridad, celeridad, seriedad y transparencia sólo en una de las partes ¿Por qué no le exigieron a Ricardo Anaya que deje de justificar y declare todo lo que sabe del tema?
Una declaración “motu proprio” de Ricardo Anaya sería una muestra contundente de que “el que nada debe nada teme”. Además, esa contundencia colocaría a la autoridad no sólo contra la pared sino que lanzaría a Ricardo Anaya a los cuernos de la credibilidad.
¿Por qué Ricardo Anaya se negó a declarar cuando fue a la PGR? ¿Por qué, hasta hoy, se sigue negando?
¿No será que buena parte de los “abajo firmantes” son los mismos que diseñaron la candidatura de Anaya y que hoy están defendiendo su Frankenstein?
¿Cuántos de los “abajo firmantes” saben que Ricardo Anaya tiene una larga “cola que le pisen” y prefieren guardar silencio, porque es parte de su proyecto político personal; cuántos apuestan no por el esclarecimiento sino por la simulación y por llevar a Los Pinos a “una rata pintada de azul”?
¿Por qué no le exigen a Anaya que declare?
Si, el gobierno federal tiene mucho que explicar, pero también Ricardo Anaya y, sobre todo, sus patrocinadores y solapadores. ¿O no?
Al Tiempo.
