Para “pacificar” al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Guardia Nacional (GN), que es un grupo militar disfrazado de corporación de seguridad civil.
Asimismo, propuso una reforma para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta el 2028; asimismo le ha encargado distintas tareas como proteger puertos marítimos, construir sus megaobras faraónicas inservibles, encabezar la campaña de vacunación contra Covid-19, entre otros.
Sin embargo, la participación del Ejército en tareas de seguridad pública no ha evitado que la sigan subiendo los niveles de violencia y la cifra de muertos.
Para empeorar esta grave situación, ahora se dio a conocer que a lo largo de estos cuatro años de gobierno de López Obrador, son más los presuntos agresores muertos que los heridos durante los enfrentamientos entre civiles con las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), proporcionados a través de transparencia, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, el Ejército ha abatido en enfrentamientos a 798 presuntos agresores y herido a 176 más, lo que se traduce en una letalidad de un herido por casi cada cinco decesos.
El índice de letalidad es un indicador del posible uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de elementos de seguridad. Se obtiene dividiendo el número de muertes de agresores entre los heridos.
De acuerdo con los datos Sedena, durante los primeros cuatro años de la actual administración, el Ejército ha tenido 1,021 enfrentamientos, en los que tanto personal militar como civiles han resultado heridos y otros más han perdido la vida.
La mayoría de las víctimas han sido presuntos agresores pertenecientes a grupos criminales; en estos enfrentamientos han muerto 38 militares y han resultado heridos 279.
Los soldados son entrenados para matar
Víctor Sánchez, experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Coahuila, explica que los militares suelen ver a los agresores como el enemigo a vencer, a menos que éstos se rindan. Ello explicaría el por qué mueren más civiles de los que resultan heridos.
“A un soldado tú lo capacitas para matar, se les entrena para defender a un país. El que está en frente tiene que ser eliminado salvo que se haya rendido, pero mientras no se rinda disparas y la lógica es eliminarlos. No les puedes pedir a los soldados que se comporten diferente porque fueron formados y entrenados para eso”, señala.
López Obrador ha defendido que en su gobierno ha bajado el número de presuntos delincuentes muertos en enfrentamientos y está en lo correcto. Si se compara el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, hay una reducción de 19% y de 26% comparado con los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, en el gobierno del presidente López Obrador siguen siendo más los presuntos agresores muertos que los heridos y los detenidos, ello a pesar de que asegura que ya no se aplica el ‘mátalos en caliente’.
“Más muertos que heridos y detenidos, porque los remataban… era el ‘mátalos en caliente.’ ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Y dónde está el amor al prójimo?”, dijo el pasado 13 de mayo de 2022.
Desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, en México se han registrado cinco mil 493 enfrentamientos entre miembros del Ejército y civiles.
El saldo ha sido de cinco mil 388 presuntos agresores muertos y 838 heridos, es decir, la tasa de letalidad es de seis decesos de civiles por cada herido.
En cuanto a la proporción de civiles muertos por militares, la tasa es de 17 agresores sin vida por un elemento del Ejército.
La tasa más alta de letalidad se dio durante el gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio se registraron tres mil 368 muertes de civiles y 427 heridos, que da una letalidad de ocho decesos por cada un herido.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron mil 244 los homicidios de presuntos agresores y 239 más resultaron heridos. La letalidad en esa administración fue de cinco muertos por cada herido.
En los últimos 15 años por enfrentamientos con civiles perdieron la vida 270 militares y 184 más resultaron heridos.
En sus datos, la Sedena no proporciona detalles sobre cómo ocurrieron los enfrentamientos entre militares y civiles, pero sí detalla fechas y entidades, entre ellas la de Tlatlaya, Estado de México donde 22 civiles murieron.
Despliegue de más militares en tareas de seguridad pública ha implicado más violaciones a derechos humanos
En el estudio Monitor de Uso de la Fuerza Letal , realizado por investigadores de la UNAM y el CIDE, se alerta de un posible abuso en el uso de fuerza por parte de los militares.
“El despliegue de las fuerzas federales en el país ha generado preocupación por el efecto que los operativos tienen en el aumento de la violencia en el país y por el posible abuso de la fuerza letal”, sostiene.
Al respecto, el investigador de la organización Causa en Común, Genaro Ahumada, alerta que el despliegue de más militares en tareas de seguridad pública ha implicado más violaciones a los derechos humanos por la falta de capacitación para hacer labores de policía.
“El despliegue de más militares en tareas de seguridad incrementa el riesgo de violaciones a derechos humanos. Hay riesgo de ejecuciones extrajudiciales de parte de militares porque no han tenido un proceso de capacitación, más allá de lo castrense, para asumir labores de una policía civil”, advierte.
Para Víctor Hernández, experto en seguridad pública y maestrante en Seguridad Nacional en el King’s College London, hay datos que alertan que en esta administración “se están ocultando” cifras de violaciones a derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas.
“En el papel bajaron las quejas por violaciones en derechos humanos contra la Sedena en esta administración, pero, ¿qué está detrás de esta baja? En lugar de contar estos incidentes al Ejército Mexicano, se le empezaron a atribuir a la Guardia Nacional… Cuando sumas la ‘bolsita’ de Guardia Nacional, la de Sedena, la de Marina, estamos viendo que están incrementando las violaciones de derechos humanos”, explica.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, durante 2022 la Guardia Nacional (GN) y la Sedena se ubicaron en el top ten de las instituciones con más quejas. La primera se colocó en el sitio seis con 577 y el Ejército con 428 en el lugar ocho.
Hernández agrega que tener a militares en tareas de seguridad pública trae consigo más violaciones a derechos humanos.
“En la primera mitad del gobierno de Peña se ordenó guardar un momento a los militares porque la crisis de derechos humanos era muy grande, ese es el único periodo de toda la guerra contra el narco donde han bajado las violaciones a derechos humanos, pero ahora que los volvieron a soltar, están incrementando nuevamente al mismo ritmo que vimos con Felipe Calderón las violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Su formación no es convivir con la ciudadanía, tienen una formación muy tosca, muy violenta”, refiere.
Con información de Expansión Política
MA
