Una de las cíctimas del accidente que se registró en la Línea 3 presentaron la primera denuncia formal en contra de siete autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Cristopher Estupiñán, representante legal de una de las víctimas directas del choque entre dos trenes del Metro ocurrido el pasado 7 de enero en la línea 3, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) una denuncia de hechos en contra de siete funcionarios, encabezados por Guillermo Calderón, director general de este sistema de transporte público.
Los funcionarios son acusados por omisión de sus obligaciones e incumplimiento de sus actividades encomendadas en el Nuevo Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por no haber garantizado la seguridad de los usuarios ni cumplir con su deber de vigilar determinadas fuentes de peligro.
El documento señala que durante varios meses del 2022 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro hizo públicas las molestias por las constantes fallas que presentó el organismo, y por la falta de refacciones para dar mantenimiento a los trenes, fallas en el sistema de comunicación, entre otros temas.
“Como se trata de omisiones que ponen en riesgo o afectan el derecho a la protección de la vida y a la integridad física, cobran relevancia las funciones y responsabilidades inherentes de las personas que ostentan cargos públicos; pues asumir tal función implica que tienen la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades y funciones que derivan de los encargos públicos”, argumentó Estupiñán.
Los servidores públicos denunciados son:
1.- Guillermo Calderón: director general del Metro.
2.- Alberto García: subdirector general de operación
3.- Nahúm Leal Barroso: subdirector general de mantenimiento
4.- Omar Moya: director de instalaciones fijas
5.- José Alberto González: director de mantenimiento.
6.- Honorio Jiménez: gerente de las líneas 1, 3, 4 y 12.
7.- José Concepción Ortega: gerente de instalaciones eléctricas.
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En el documento se narran los hechos que vivió la víctima cuando tomó la Línea Verde con dirección a su trabajo, localizado en la alcaldía Coyoacán.
Relató que transcurrieron más de 60 minutos para que las autoridades del STC emprendieran las primeras acciones de ayuda; también refiere que, aun cuando al lugar de los hechos arribaron bomberos, policías, Guardia Nacional (GN), Ejército y Protección Civil, no había coordinación.
Entre las pruebas que presentaron se encuentran volantes y fotocopias que los propios trabajadores del STC pegaron en los vagones, en donde responsabilizaban de las fallas a las autoridades, y que el Sindicato Único de Trabajadores del Metro señaló que había fallas en el sistema denominado ‘TETRA‘.
También se destacan los accidentes previos que han ocurrido en esta administración: el choque de trenes en Tacubaya, el incendio en la subestación Buen Tono y el colapso de la Línea 12.
“Asimismo, a través de redes sociales, usuarios de ese transporte colectivo han compartido numerosos videos e imágenes donde muestran las múltiples fallas que presenta en su continuidad tanto los vagones como las instalaciones fijas”, se precisa.
Para acreditar que su representada estuvo en el accidente, la defensa anexó a la denuncia el listado oficial de los lesionados que el Gobierno de la Ciudad difundió en redes sociales, así como la valoración médica que se le hizo en el Hospital San Ángel Inn, donde fueron llevados la mayoría de los heridos por el accidente.
En la denuncia también citó los artículos 15 y 16 del código penal para la Ciudad de México, que se refieren al delito de omisión: “La calidad de garantes de los funcionarios públicos en este lamentable caso empieza desde el momento en que asumieron sus respectivos puestos, toda vez que sus funciones abarcan desde el correcto funcionamiento del sistema de transporte colectivo, hasta el mantenimiento y evitar el riesgo a los usuarios”.
Por último Estupiñán comentó que, como ocurrió luego de la tragedia en la Línea 12 del Metro, “se está intentando contener las afectaciones políticas de todo tipo hacia los responsables que forman parte del gobierno en el poder. Ya están empezando a inventar una teoría del caso que sea conveniente y estamos obligados moralmente a asesorar a las víctimas para que esto no pase”.
Con información de Expansión Política y Proceso
MSA
