En un nuevo intento para tener sometida al Poder Judicial de la Federación (PJF), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca colonizar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Para ello, envió a la Cámara de Diputados una lista de perfiles para ser designados magistrados de ese órgano; sin embargo, lo que llama la atención es que entre los perfiles hay “juniors de la cuarta transformación”, es decir, personajes vinculados a Morena y personas que han trabajado con el propio López Obrador, en el Gobierno de la Ciudad de México, y en la Presidencia de la República, así como varios de ellos, en dependencias Federales.
4T busca incidir en resoluciones claves como las corrupción en Segalmex
“La cercanía con el Ejecutivo no solamente se puede leer a través de una relación personal, sino también en una relación jerárquica. Y personas que vienen de responsabilidades en el Ejecutivo federal”, destacó Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio Designaciones Públicas.
Expertos alertan que López Obrador busca incidir en la resolución de asuntos clave sobre las obras insignia del sexenio, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), la “Megafarmacia del Bienestar” y muchos otros, pues este Tribunal resuelve la legalidad de licitaciones y contratos federales.
También resaltan que al TFJA le corresponderá atender procedimientos de responsabilidades administrativas de funcionarios, como las irregularidades en el emblemático caso de Segalmex, y entre sus facultades está la determinación de montos resarcitorios derivados de daños al erario detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como juicios promovidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos.
Por eso, con perfiles cercanos se prefigura la “morenización” de la justicia en materia administrativa, pues para aprobar dichos perfiles cercanos a AMLO y a la 4T sólo se requiere la mayoría simple en San Lázaro.
Morena busca capturar al TFJA como los gobierno del pasado
Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio Designaciones Públicas, expone que la búsqueda de capturar a las instituciones no es exclusiva de Morena.
“Y no sólo no fue así sino que se agravaron las cosas: insisten, como otros en el pasado, en nombrar cuotas y cuates, pero además se profundiza la falta de acceso a la justicia y la ausencia de organismos con independencia porque en muchos casos ni designa a sus integrantes y eso afecta a las instituciones en el ejercicio de sus facultades”, refirió.
Y añadió: “Al final vemos que la 4T sigue reproduciendo este intento de captura. A través de varias modalidades que se vieron con claridad en 2023: no designar y dejar las instituciones incompletas como un acto de deliberado para ir reduciendo sus funciones”.
La otra modalidad, indicó, es remitir propuestas con militancia o cercanía partidista:
“(Ellos dicen: ‘Es bueno porque están con el proyecto de la llamada 4T’, pero esto que es sumamente cuestionable porque lo que necesitamos y lo insistimos desde el pasado son perfiles idóneos, que no sólo conozcan el marco legal sino que tengan experiencia en la materia las dos son cosas son indispensables para la independencia judicial”, indica.
Ese es el caso del TFJA, en el que el mandatario tabasqueño había mostrado cierto desinterés, pues no había remitido al Senado de la República sus propuestas de magistrados para cubrir las vacantes, que hasta el año 2023 se llegaron a acumular 71 magistraturas pendientes de designación.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Eduardo Ramírez, consultado sobre los cargos pendientes de designar, de 71 vacantes, 20 magistrados impugnaron el procedimiento –pues tenían derecho a ser ratificados en el cargo– de ahí que se optó por realizar 52 procesos de designación.
Sin embargo, en junio, noviembre y diciembre el presidente López Obrador envió al Senado listados, luego los modificó y finalmente en este mes de enero 2024 remitió 20 nombres de personas propuestas para una magistratura que ya fueron entrevistadas y está pro dictaminarse sobre su idoneidad.
Perfiles de Andrés Manuel provienen directamente de áreas de gobierno
En su primer paquete de propuestas el presidente envió propuestas como a Susana Mercado Alvarado –quien también fue promovida en 2023 como aspirante a consejera del INE– exasesora en el Senado y coordinadora de asesores en la Coordinación de Comunicación Política de Morena en la Cámara de Diputados, bajo las órdenes de la vocera de ese partido y diputada, Andrea Chávez.
También propuso a Arturo Torres Martínez, titular de la Unidad de Servicios Operativos y Logísticos de Tabasco –cuando fue gobernador el exaspirante presidencial Adán Augusto López– o a Maday Merino, exconsejera presidenta del Instituto Electoral de Tabasco.
Sin embargo, ahora los nuevos perfiles propuestos provienen directamente de áreas del gobierno en las que se tomaron decisiones sobre las que el TFJA deberá resolver en un futuro próximo.
Por ejemplo, se envía a perfiles que están en funciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, exfuncionarios involucrados en la extinción del Seguro Popular y creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)–ya extinto–, también relacionados con el traspaso del Tren Maya del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) al Grupo Aeroportuario que administra la Defensa Nacional (Sedena) o exasesores del Instituto Nacional de Migración (INM) cuyo titular, Francisco Garduño, enfrenta un proceso administrativo y penal.
Para la especialista Itzel Checa, este tipo de trayectorias genera dudas de que la actuación de los prospectos no sea imparcial.
“Y eso tendría que ser razón suficiente para que en este caso no transitaran las propuestas, pero en todo caso la Comisión Permanente o el Senado en un ejercicio de control legislativo debería revisar esos perfiles con profundidad y rechazarlos”, comentó.
Perfiles de AMLO refrendan su afinidad con la 4T ante diputados
Durante una entrevista con diputados federales, algunos de los perfiles propuestos por López Obrador sí mostraron experiencia en materia jurídica, administrativa y fiscal.
Sin embargo, otros expusieron su compromiso “con la transformación”, el rechazo a “prácticas del pasado”, a emitir resoluciones por cosas formales y no de fondo –una de las críticas presidenciales al Poder Judicial– e incluso, su negativa a “entorpecer” con resoluciones a la administración pública o, a pregunta expresa, hubo repudio a decisiones como lo fue la suspensión temporal del Tren Maya.
El caso que más llamó la atención fue Octavio Augusto Prieto Gallardo, quien actualmente es funcionario del SAT y de ese cargo habló como su única experiencia. Tiene 37 años y es hijo de Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
En su comparecencia, habló del amor a su familia “y al pueblo”; de la “honorabilidad” de su jefe Antonio Martínez, “punta de la transformación histórica” –dijo- y que le debieran pedir perdón los que dudaron de él.
Otro hijo de un reconocido afín a la 4T es Rosendo Gómez Silván, nacido en Tabasco –como varios delos propuestos– y apenas hace cuatro meses, en octubre, fue designado titular del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), hoy en controversia por supuestas fallas en el censo de desaparecidos. Fue director de derechos Humanos de la Fiscalía General de Tabasco y, además, es hijo de Rosendo Gómez Piedra, exfiscal responsable de la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
“Es un hecho notorio que las administraciones pasadas las autoridades y empresas sostuvieron relaciones de contubernio. Decisiones de los de arriba dañaron a la población”, dijo en comparecencia.
Otro de los propuestos, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, abogado y economista, hoy consejero adjunto de legislación y estudios normativos de la consejería jurídica de la Presidencia aprovechó ese escaparate de la comparecencia para solicitar no invalidar, desde el Tribunal, actos del Ejecutivo.
“Validar que todos los actos que emita la administración pública estén apegados a la Constitución y que en caso de no hacerlo así pues tendría que declararlos nulos. Sin embargo, es importante empezar la discusión (respecto a si el) hipergarantismo (genera) la posibilidad de entorpecer la actividad de la administración pública”, expuso.
Y añadió: “(Así que), lejos de invalidar los actos, lo que debemos de buscar entre todos es generar las condiciones para que para que los actos se puedan mantener, pero sin la necesidad de que esto implique la violación a la Constitución”.
Por último, estos juniors de cuarta avalaron las críticas de AMLO y Morena contra el Poder Judicial.
Una de ellas por la toma de decisiones con base en “meras formalidades” –por ejemplo, invalidar reformas ‘sólo‘ por violaciones al procedimiento legislativo– y no tras un análisis del fondo.
Con información de Expansión Política
MSA
