Es momento de informar que usar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para los damnificados de Guerrero sería inconstitucional.
Destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del PJF a las personas damnificadas por el huracán Otis –como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador– podría ir en contra de la Constitución, leyes y de una suspensión provisional dictada por un juez.
Así lo señalan documentos, legisladores y especialistas y, a pesar de ello, Norma Piña –ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– aceptó dialogar con el Poder Ejecutivo para concretar la propuesta.
Mientras que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión a fin de instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que proponen el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dijo en un mensaje que publicó en X, antes Twitter, que el acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial no es constitucional.
“No es admisible porque no es constitucional (…) No creo que sea admisible un acuerdo que vulnere los derechos de los trabajadores”, pronunció en el video.
Usar fideicomisos del PJF para damnificados de Guerrero sería inconstitucional
Mientras que Juan Ortiz, director del proyecto digital Lupa Legislativa, explicó a El Sabueso que algo clave en el oficio que envió Piña a López Obrador es que destaca la obligación del PJF de garantizar los derechos de todos los trabajadores del organismo autónomo, quienes también han aportado dinero a dicho fideicomiso.
Es decir, la suma de los 15 mil millones incluye aportaciones de los trabajadores por lo que no pueden ser despojados por acuerdos presidenciales, ya que se estaría vulnerando sus derechos.
Es decir, la suma de los 15 mil millones incluye aportaciones de los trabajadores por lo que no pueden ser despojados por acuerdos presidenciales, ya que se estaría vulnerando sus derechos.
“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, menciona el artículo 127.
La fracción I dice que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones.
Olvidan que afectan a los trabajadores
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta en la conferencia matutina del 31 de octubre de destinar los 15 mil millones de los fideicomisos del PJF a personas damnificadas por huracán Otis dijo que no afectaba a las y los trabajadores.
Sin embargo, la SCJN, en su postura en contra de su extinción argumentó que su eliminación sí afectaba los derechos laborales.
“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, menciona una tarjeta informativa del 11 de octubre.
Tanto legisladores como expertos y demás personas, advirtieron que usar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para los damnificados de Guerrero sería inconstitucional.
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