La cuarta transformación no deja de ser noticia. El día de ayer nos enteramos que en mérito de un decreto de austeridad firmado por la presidencia de la república, los empleados de la secretaría de Economía deberán ser objeto de medidas que rayan verdaderamente no sólo en lo absurdo, sino en lo demencial.
Es de creer que no existe un solo ciudadano mexicano que no esté de acuerdo con que a los funcionarios públicos de alto nivel se les suspendan canonjías como vehículos, gasolina, boletos de avión, hospedaje, viáticos y teléfonos celulares a cargo del erario. Se ha abusado de estas herramientas para el cumplimiento de las labores, convirtiéndolas en privilegios, de los que además, se abusan.
Pero suponer que las fotocopias, la comunicación por vía telefónica (más en estos tiempos en los que cualquier compañía concede llamadas ilimitadas) y el uso de los equipos de cómputo, constituyen excesos y privilegios que urge suprimir para ahorrar, es francamente, un disparate.
Pero peor todavía, es que a los trabajadores los despojen de los equipos de cómputo que tienen a su cargo para cumplir con sus obligaciones y les ofrezcan vendérselos para que puedan seguir trabajando. Ello constituye no sólo una equivocada concepción del ahorro, sino una muestra fehaciente de la visión autoritaria que prevalece en el gobierno federal y que toma determinaciones, sin detenerse a reflexionar en lo absurdo de ellas.
¿Cómo supone el presidente López Obrador que va a cumplir sus funciones un empleado despojado de su computadora para ahorrar?, ¿imagina que lo hará escribiendo a mano?, ¿pretenderá que en lugar de enviar un correo electrónico, mande señales de humo?, ¿pensará que la información que guarde la preservará grabándola en madera o piedra?
Pero lo peor de todo, lo que da ya no sabemos si ganas de llorar o antojo de reír a mandíbula batiente, es la estúpida intención de ofrecer vender a los empleados que así lo deseen, los equipos de cómputo que tenían bajo su resguardo, a un bajo precio (solo les faltó decir en abonos chiquitos), porque en vez de propiciar que los ciudadanos admiremos la modestia y austeridad en las costumbres y usos administrativos de la administración federal en turno, nos llenan la cabeza de sospechas de malos manejos, nos hacen suponer bisnes e ilegalidades y nos llevan a dudar de la salud mental del autor de la genial medida.
Amén de todo lo anterior, cabe cuestionarse que pasaría, si algún trabajador legítimamente indignado con la arbitrariedad de las disposiciones, decide libremente quedarse sin equipo de cómputo y se niega a adquirir el que aviesamente le ofrece el estado. ¿Sufrirá represalias?, ¿será despedido por su falta de solidaridad con la postura institucional?, ¿quién garantiza el respeto a los derechos de los integrantes de la planta laboral?
Urge que los integrantes del gobierno federal en funciones, sean sometidos de manera inmediata y sin excepciones, a exámenes tóxicológicos y siquiátricos, pues la naturaleza de las disposiciones por ellos puestas en vigor, hacen dudar de la ecuanimidad de su psique o de que hayan sido emitidas sin el influjo de algún enervante o estupefaciente.
Alguien debería enseñarle al presidente de la república que una cosa es ser austero y otra muy distinta, miserable. Alguien debería proponer ante las cámaras una iniciativa para someterlo a una evaluación siquiátrica, haciendo el resultado público de inmediato y de ser considerado insano e incapaz, proceder a declararlo inepto para ejercer su cargo, antes de que cometa alguna insensatez que ponga en riesgo la estabilidad nacional. Un país en manos de un idiota, puede derivar en consecuencias desastrosas para todos. Tengámoslo pendiente.
Dios, Patria y Libertad
