De acuerdo con un estudio de la Consultora Integralia, en los periodos electorales de 2012 y 2015 se percibió un aumento en el flujo del dinero en efectivo de hasta 33 mil 165 millones de pesos.
El incremento se aprecia, sobre todo, en el primer semestre del año y no es comparable con los patrones de demanda de dinero en tiempos que no son electorales.
En 2011, el flujo de efectivo cayó dos mil 958 millones de pesos en los primeros seis meses del año; y en 2013 la baja fue de cinco mil 119 millones de pesos. No obstante, en 2012, en el mismo periodo, se registró un incremento de 37 mil 374 millones de pesos.
La tendencia de demanda de efectivo en 2012 y 2015 disminuyó, considerablemente, para el mes de junio. ¿Qué quiere decir este comportamiento del dinero?
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Luis Carlos Ugalde –director general de Integralia–, explicó que estas cifras son una pista del tamaño del financiamiento ilegal de las campañas. Finalmente, dijo, tenemos un aproximado de la cantidad de recursos que gastan los partidos por debajo de la mesa. Y es que, según cálculos optimistas, el dinero que se mueve de forma irregular sería hasta ocho veces mayor al que aprueba la norma electoral.
Para Luis Carlos Ugalde, el mercado negro de las campañas electorales es tan complejo que involucra a miles de personas y existe desde hace años.
Pero vayamos por partes.
El primer asunto que preocupa es el origen de todo este dinero negro. De acuerdo con Ugalde, las fuentes de financiamiento pueden ir desde los gobiernos locales –que desvían recursos de programas públicos para las campañas– hasta empresas y criminales organizados.
Este dinero se emplea para cubrir gastos que –de aparecer en la nómina–, rebasarían todos los topes de campaña. Además, se usan para cubrir los servicios de todos los que se involucran en una elección y que no emiten facturas o comprobantes de su trabajo. Por ejemplo, los operadores que movilizan el voto.
En buena medida, enlistó Ugalde, los recursos opacos que se utilizan en las campañas se hacen líquidos a través del cambio de cheques, de las tarjetas de crédito, del “guardadito” por sobornos de obra pública e incluso del retiro bancario. Y en las entidades –o las regiones– donde no existen suficientes cajeros o sucursales bancarias, aparecen operadores que hacen líquido el recurso en estados vecinos.
Es decir, que estamos ante un fenómeno, ante una industria y ante un delito que cuenta con todo un esquema de operación y que permite que las campañas –que por ley deberían costar unos 40 millones de pesos–, terminen costando más de 600 millones.
Y lo que resulta peor; todo esto es posible gracias a los groseros niveles de corrupción que existen en el país.
