La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha ignorado 14 solicitudes de información que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ha hecho durante este año como parte de sus actividades de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos en el actual proceso electoral.
De acuerdo con un informe que presentó este jueves la Comisión de Fiscalización del INE al Consejo General, desde que Pablo Gómez llegó a esta institución -en noviembre de 2021-, ha aumentado su rezago en las respuestas al instituto.
En 2022, 20 de 163 solicitudes de información no fueron atendidas. En 2023, sólo atendió nueve de las 69 solicitudes que le hizo el órgano electoral, y en el 100 por ciento de los casos lo hizo fuera del plazo legal de cinco días.
En 2024, el INE ha hecho 14 requerimientos; en 13, la UIF ha argumentado falta de motivación y fundamentación por parte del INE para requerirle información, y una más ha sido ignorada por completo.
A pesar de que el INE y la UIF firmaron un nuevo convenio de colaboración en febrero de 2024, que sustituye al que en 2019 se firmó con la anterior presidencia del instituto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha ignorado requerimientos recientes.
Peor aún, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha disminuido sensiblemente sus solicitudes de información, ante las negativas de la UIF: de 163 en 2022, se pasó a 69 en 2023, y a sólo 14 en este 2024.
Ya en enero pasado, la Comisión de Fiscalización del INE había advertido que unidades de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República (FGR) obstaculizan el trabajo de fiscalización al negar información importante.
Omisiones de la UIF, en un “momento crucial”
En su informe ante el Consejo General, la Comisión de Fiscalización detalló que estas solicitudes son importantes para el proceso de revisión de los ingresos y gastos de los partidos en el proceso electoral que acaba de concluir.
“Mediante el oficio INE/UTF/DAOR/2165/2024 se proporcionó a la UIF el padrón de candidatos y proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, solicitando que a su vez dicha Unidad entregara, de ser el caso, el reporte de las operaciones inusuales o relevantes de estas personas. Después de 45 días la UIF respondió que necesita mayor motivación por cada uno de los sujetos relacionados, el periodo de tiempo requerido, procedimiento administrativo que da origen a la solicitud, así como fundamentar el requerimiento adecuadamente, con base en el nuevo convenio firmado; asimismo, por tratarse de una solicitud masiva de información la UIF manifestó no contar con recursos materiales para generar y transmitir la información requerida, proponiendo generar un programa de intercambio mutuo de conocimientos para un mejor entendimiento de los procesos que el INE realiza y celebrar una reunión de grupo de trabajo”, se explica en el informe.
Además, la Comisión de Fiscalización advierte: “no se omite mencionar que existe un requerimiento pendiente de atender con 92 días de atraso a la fecha”.
La consejera Carla Humphrey, integrante de dicha comisión, explicó la gravedad de la actitud de la UIF, pues el no responder los requerimientos de información obstaculiza las labores de fiscalización justo cuando el INE cuenta con un plazo de menos de un mes para aprobar los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos hechos por miles de candidaturas a nivel nacional.
“Estamos en un periodo crucial y seguimos sin tener la información adecuada”, dijo Humphrey, luego se solicitar a la Secretaría Ejecutiva del INE que estudie rutas jurídicas para poder exigirle a la UIF que cumpla con sus obligaciones de información plasmadas en la LGIPE.
Como parte del “proceso electoral más grande de la historia”, con 20 mil 263 cargos de elección y más de 17 mil candidaturas fiscalizables, el INE lleva a cabo la revisión de informes de los partidos a nivel federal y local, con ingresos por más de 6 mil 535 millones de pesos, y gastos por 6 mil 541 millones de pesos.
Además, la UTF del INE debe atender y desahogar más de dos mil quejas en materia de fiscalización.
Los plazos para llevar a cabo la fiscalización de las elecciones federales y locales 2023-2024 son los siguientes:
1.- El viernes 5 de julio la UTF debe entregar el proyecto de dictamen de toda la fiscalización a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE.
2.- El viernes 12 de julio la Comisión de Fiscalización sesiona para revisar el proyecto de dictamen y el 16 de julio se envía a todos los consejeros y consejeras electorales.
3.- El lunes 22 de julio sesionará el Consejo General para discutir y aprobar el dictamen definitivo de la fiscalización de las campañas del proceso 2023-2024, y decidirá multas y sanciones a los partidos y candidaturas infractoras.
La UIF, la más rezagada
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días.
Esto, porque la UTF está obligada a resolver y dar a conocer las anomalías cometidas por los actores políticos en máximo 45 días. Por ello, el INE ha firmado convenios de colaboración con la UIF, el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Aunque las tres dependencias han ido aumentando su rezago en las respuestas al INE, la UIF es la institución que menos colabora.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acumula entre 2022 y 2024 mil 32 solicitudes de información, y entre el 60 y 70 por ciento las ha respondido fuera del plazo de cinco días.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene 7 mil 881 requerimientos del INE, y entre el 83 y el 98 por ciento los ha atendido fuera de plazo.
La UIF, con apenas 246 solicitudes, atiende fuera de plazo el cien por ciento.
Otra dependencia que no facilita el trabajo de fiscalización del INE es la Secretaría de Economía (SE), a la que la autoridad electoral le requiere contrastar, masivamente, la información de los socios, accionistas, representantes legales y comisarios de las sociedades mercantiles, contra los candidatos, estructura orgánica de los partidos políticos, aportantes y proveedores.
Según el informe de la Comisión de Fiscalización, la Secretaría de Economía se tarda más de 80 días en entregar al INE los registros del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).
“El 24 de marzo de 2023, la UTF solicitó a la SE la actualización del universo de sociedades mercantiles inscritas en el SIGER, del 1 febrero de 2023 a febrero de 2024 a marzo de 2023; la información fue recibida hasta el 21 de junio de 2023, es decir 89 días después. El 23 de febrero de 2024, la UTF solicitó a la SE la actualización del universo de sociedades mercantiles inscritas en el SIGER en el periodo comprendido del 1 febrero de 2023 a febrero de 2024; la información fue recibida hasta el 14 de mayo de 2024, es decir 81 días después”, advierte el informe.
Con información de Animal Político
MSA
