El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la construcción del Tren Maya al señalar que beneficiará a la población del sureste del país, en especial a los que menos tienen; esto gracias a que impulsará el turismo de la región.
Sin embargo, esta megaobra faraónica ha estado envuelta en la polémica debido a que se han tenido que talar millones de árboles para su construcción, lo que ha provocado un ecocidio en la Península de Yucatán.
Ahora se dio a conocer que las comunidades indígenas vivirán un impacto negativo con el Tren Maya debido ha que la irrupción del gran turismo llevará a comunidades economías ilegales, discriminación, especulación inmobiliaria y mercantilización de la cultura maya.
De acuerdo con especialistas, el desarrollo del Tren Maya traerá como consecuencia una serie de cambios negativos para las comunidades, que tendrán que adaptarse a las nuevas formas de vida que llegarán a raíz del turismo, la especulación inmobiliaria y el uso de la cultura maya como pretexto para el desarrollo económico.
No fomenta inclusión y serán más evidentes las desigualdades sociales
Para Giovanna Gasparello, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y quien ha publicado estudios sobre las comunidades y leyes indígenas, el paso del Tren Maya por Chichén Itzá vendrá a hacer más evidentes las desigualdades sociales, las cuales han estado presentes en la vida de los nativos desde hace muchas décadas.
Explicó que la problemática en este sitio histórico es sistemática, ya que escaló desde abajo y se hace visible con el simple hecho de visitar la zona. La disputa se puede entender también, explica Gasparello, al conocer quiénes son los que son los vendedores de artesanías —los nativos— y quiénes son los que reciben ganancias por el uso de la Zona Arqueológica —el gobierno estatal, iniciativa privada y el INAH.
“La situación en Chichén Itzá es emblemática para entender los contextos que cambiarán por la llegada del Tren Maya debido a que ahí la marginación es evidente; se da una cadena de negocios particular en la que la cultura es el principal motor económico y en la que todos quieren ganar algo”, indicó
La también etnóloga ve una situación que podría replicarse en las demás zonas arqueológicas que serán intervenidas por el Tren Maya, que es la inclusión de las comunidades a las cadenas más bajas del mercado.
“El proyecto plantea que los vendedores de Chichén Itzá tengan sus pequeños locales en una zona especial para ello, cerca de las zonas arqueológicas, entonces tendrás a la señora nativa que venderá quesadillas con su puesto, claro que puede parecer muy llamativo, pero también tendrás la comida del hotel de lujo al lado, ahí radican las desigualdades”, agregó.
Otro punto que resalta es el beneficio para la inversión extranjera, la cual se verá beneficiada por mano de obra barata, es decir, por los nativos.
“El Tren Maya es un proyecto que favorecerá a la industria turística, la gran inversión será extranjera en los polos de desarrollo que tiene planteado el gobierno; entonces hay una contradicción, porque, por un lado, quieren reacomodar a los ambulantes en una zona específica, pero ellos competirán con empresas internacionales, no hay inclusión en ese juego”, detalla.
La antropóloga agrega que una proyección latente es la incorporación de los habitantes a las economía baja.
“Es posible que se les incluya en la cadena económica baja, es decir, de limpiadores, meseros, porque para ellos eso es más de lo que han percibido”, explicó.
Aumentará consumo de drogas y prostitución
Otro de los cambios que proyectan los especialistas es la llegada del crimen organizado a los polos de desarrollo y a las zonas arqueológicas, fenómeno que ya se ha visto en otros sitios donde se fomentaron proyectos turísticos en otras administraciones.
Para Bolfy Cottom, doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y experto en legislación del patrimonio cultural, la problemática en Chichén Itzá comenzó desde 1980.
Aseguró que aunque los gobiernos han tratado de detener el uso indebido de la zona arqueológica, hay intereses económicos locales que se oponen a los cambios.
“Chichén Itzá deja ver otras complejidades que existen en el país y que se replican en otras zonas turísticas, como tráfico de drogas, prostitución y demás”, explicó.
Para el historiador, el proyecto de Tren Maya no contempló estas problemáticas sociales, las cuales podrían replicarse en los polos de desarrollo a construir debido a que no se cuenta con un plan para contrarrestar la llegada de economías ilegales.
“La mayoría de los proyectos como este, que vienen del gobierno, son centralistas, representan sólo una visión del gobierno; sin duda alguna habrá impactos en la forma de vida en las comunidades, la tierra se verá ahora como una mercancía y se reconocerá la propiedad privada, eso disparará una serie de factores que hemos visto en lugares como Morelos o Cancún”, apuntó.
Por último, Gasparello subrayó que con la llegada del turismo, se verá un incremento en el uso de sustancias ilícitas tanto por turistas como por nativos, “eso lo vimos en la Riviera Maya y en Cancún, también aumentará la prostitución y la trata de personas”.
Con información de El Universal
MSA
