Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue liberado de una prisión en los Estados Unidos, donde se encontraba purgando una pena por cometer el delito de lavado de dinero.
El exfuncionario fue condenado a nueve años de cárcel, pero de acuerdo con reportes de medios de la Unión Americana, su sentencia se redujo tras haber considerado el tiempo que estuvo detenido en Italia y podría quedar en libertad hasta noviembre de este año.
Sin embargo, los registros de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés) indican que fue liberado el pasado miércoles 3 de julio.
Tomás Yarrington no es estadounidense, por lo que su liberación podría ser vinculante a su repatriación.
Según las investigaciones de la fiscalía, el exgobernador destinó el dinero de los sobornos para adquirir propiedades en Estados Unidos y con la ayuda de prestanombres ocultó que era el dueño de las mismas.
El exgobernador fue sentenciado en marzo del 2015. Entonces, “el tribunal señaló que, como funcionario electo, Yarrington Ruvalcaba violó su juramento al cargo, debilitando a México como país y promoviendo la actividad delictiva”.
“Aunque seas gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando utilices tu cargo para llenarte los bolsillos indebidamente y violar las leyes de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal, Alamdar S. Hamdani.
Yarrington admitió que recibió sobornos de personas y empresas privadas de México para hacer negocios en Tamaulipas mientras se desempeñaba como gobernador, de 1999 a 2004.
También fue precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México en 2005.
En marzo de este año, un juez federal en México admitió a trámite un amparo promovido por Yarrington.
En 2023, Yarrington fue sentenciado a 108 meses de prisión por el juez federal de distrito Rolando Olvera, esto luego de que en 2021, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero de instrumentos monetarios.
El exgobernador aún deberá enfrentar a la justicia mexicana que el 22 de diciembre pasado le rechazó cancelar una orden de aprehensión vigente por un presunto lavado de 12.7 millones de pesos y 450,000 dólares, usados para la compra de inmuebles tanto en México como en Estados Unidos.
En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, por su presunta implicación en delitos de lavado de dinero y contra la salud.
La solicitud fue presentada el 22 de enero ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Sin embargo, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo devolvió el expediente original de la causa penal, solicitando que el Ministerio Público Federal “subsanara deficiencias existentes”.
Con información de Latinus y Expansión Política
MSA
