Durante el gobierno de Felipe Calderón muchos se escandalizaron por el “narco-diputado” Julio César Godoy Toscano –septiembre de 2010–, al que de manera ridícula e ilegal legitimaron algunos diputados del PRD.
Luego el escándalo llegó al Congreso de Sinaloa, cuando en abril de 2015 se descubrió a la “chapo-diputada”, Lucero Sánchez.
Pero nunca, como hoy, se había llegado al extremo de cerrar los ojos ante los abundantes casos de presuntos “narco-gobernadores”, “narco-alcaldes” y “narco-diputados”; gran parte de ellos pertenecientes al partido Morena y muchos de los cuales son –a los ojos de todos–, “peleles” de bandas criminales que los impusieron en el cargo.
Y a reserva de documentar cada uno de los casos, existen evidencias periodísticas de que las elecciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas –casi todo el corredor del pacífico–, en realidad fueron ganadas por el narcotráfico y, en especial, por las tres bandas criminales dominantes en el país; el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo y su remanente de Los Zetas.
Sin embargo, en donde no existen duda de la participación del crimen organizado es en las siguientes elecciones.
El caso más escandaloso es el de Sinaloa, en donde se alzó con la mayor votación de la historia el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya quien pasará a la historia como el primer narco-gobernador.
Y es que no sólo los medios locales, sino el propio candidato derrotado, Mario Zamora, denunciaron una operación masiva de compra de votos, amenazas y secuestro de candidatos y operadores políticos, antes y durante el proceso electoral del pasado 6 de junio.
Sin embargo, y pesar de la evidente “narco-elección”, hasta hoy no existe una sola sanción de autoridad electoral alguna, ya que ningún político amenazado, secuestrado e intimidado se atrevió a presentar denuncia.
El extremo del caso fue el llamado que realizó el derrotado Mario Zamora, la misma noche de la elección, cuando le pidió de manera pública a las bandas criminales liberar a casi un millar de operadores políticos secuestrados.
El siguiente caso es el de Michoacán, en donde la elección estatal fue ganada por el candidato de Morena, por un márgen mínimo, producto de la alteración electoral en tres distritos estatales, que hicieron la diferencia.
En esos distritos el crimen organizado compró, amenazó y secuestró a funcionarios de casilla. Por miedo a represalias, en ese caso tampoco se han presentado pruebas mientras que el candidato ganador, Alfredo Ramírez Bedolla, en realidad el segundo “narco-gobernador”.
En San Luis Potosí la victoria correspondió a Ricardo Gallardo, motejado como “el pollo” y candidato del PVEM.
Resulta que Gallardo no sólo pertenece a una familia con probados vínculos en el crimen organizado sino que era investigado por autoridades federales sobre sus presuntos nexos criminales.
Aquí también menudearon las denuncias sobre el imperio del código mafioso en esa elección, “billetazos”, “madrazos” y “balazos”.
Sin embargo, nada ocurrió. Nadie se atrevió a denunciar.
A nivel municipal, en Tláhuac e Iztapalapa –en CDMX–, también los medios documentaron la mano del poderoso Cartel de Tláhuac, a favor de Morena Y tampoco nadie intentó presentar denuncia alguna.
Pero acaso el mayor de todos los escándalos se produjo en Valle de Bravo, en el estado de México, en donde la candidata de la alianza PRI, PAN y PRD, la atleta olímpica, Zudikey Rodríguez, declinó a sus aspiraciones luego que fue secuestrada y amenazada, junto con su familia.
Las amenazas salieron de La Familia Michoacana y del CJNG. Aún así, la candidata de Morena, Michelle Núñez sólo superó a Zudikey por 400 votos.
¿Y que hicieron las autoridades electorales? Nada.
A su vez, el de Nuevo León es otro caso de escándalo.
Resulta que Samuel García, el aspirante de Movimiento Ciudadano y ganador de la contienda, tiene un largo historial de vínculos con grupos criminales. También era un aspirante que en su momento apareció como investigado por autoridades federales. Sin embargo, al final a nadie le importó.
Pero tampoco es nuevo que la elección del 6 de junio estaría dominada por el crimen organizado y el narcotráfico.
En realidad es una vieja historia documentado repetidamente en este espacio. Apenas el pasado 26 de mayo –hace casi un mes y en días previos a la elección del 6 de junio–, en el Itinerrio Político titulado: “El crimen organizado ya votó por Morena”, adelante la estrategia del crimen organizado.
Y el tiempo, terco, una vez mas me dio la razón.
Por eso, a continuación un fragmento del Itinerario Político de ese 26 de mayo: “Las bandas criminales también votan.
“Y en la elección del 6 de junio del 2021 los barones del crimen ya votaron en la eleccion federal, en las estatales, de Congreso Local y alcaldías.
“Y el voto de esos grupos criminales en la elección más grande de la historia se ha llevado a cabo mediante métodos nada convencionales.
“En realidad, se utilizan “los usos y costumbres” de los grupos mafiosos; la plata, el plomo, el secuestro y las amenazas.
“Pero, además –y por pura casualidad–, el voto mayoritario de los criminales resulta favorable al partido oficial, Morena.
“¿Y cómo sabemos que los criminales organizados votaron en su mayoría por el partido de López Obrador?
“Elemental: porque casi el 60 por cierto de los hechos violentos –los crímenes, las amenazas, el secuestro y otros–, que se han producido contra precandidatos, candidatos y políticos, en general, apuntaron, precisamente, contra aspirantes identificados con la alianza PRI, PAN y PRD.
“Sólo 17 por ciento de los ataques fueron lanzados contra precandidatos, candidatos y políticos vinculados con Morena, mientras que el restante 23 por ciento fue dirigido contra políticos de otros partidos.
“De esa manera, de los poco más de 90 precandidatos, candidatos y políticos vinculados con partidos políticos y que han sido asesinados, por lo menos 55 se identificaban con la coalición del PRI, PAN y PRD, mientras que sólo 17 pertenecían a Morena y los restantes 18, a otros partidos.
“Además, los métodos empleados por los sicarios y matarifes encargados de sembrar violencia y terror en la contienda electoral en curso son amenazas directas –a punta de pistola–, además del homicidio, el secuestro y el atentado contra familiares directos de los candidatos.
“Lo cierto, sin embargo, es que la elección aún no termina y permanece latente el peligro de una amenaza, un crimen y/o un secuestro contra alguno de los 21 mil aspirantes a distintos puestos de elección popular que participan en la contienda más grande de la historia.
“Lo peor, sin embargo, está por venir.
“¿Por qué?
“Porque según fuentes castrenses, todo puede pasar en los estados de Baja California y Baja California Sur; Guanajuato Guerrero, Sinaloa, Sonora Morelos, Michoacán, Zacatecas y Veracruz, en donde se han registrado la mayoría de los hechos violentos contra políticos y candidatos; entidades en donde las bandas criminales apuestan fuerte por el control municipal, para favorecer a los candidatos de Morena.
“Por eso, altos mandos militares, en activo, advierten sobre el peligro de que el día de la elección, el domingo 6 de junio, se produzca el mayor fraude de la historia; un fraude en donde mandarán la plata y/o el plomo.
“Es decir, que estará de vuelta la cultura de “billetazos”, “madrazos” o “balazos”. Y ese fraude de Estado, verdadera “narco-elección”, será tolerado por las autoridades de no pocas entidades del país. Al tiempo”. (Fin de la cita)
Como queda claro, aquí advertí que la del 6 de junio sería “una narco-elección”. Y sí, el tiempo me dio la razón.
Lo peor, sin embargo, es que parece que a nadie le importa que el crimen organizado se haya metido hasta los gobiernos estatales.
Por eso obliga preguntar: ¿Qué sigue?
¿El paso siguiente será el de un “narco-presidente”?
Al tiempo.
