Hace días, Enrique Solana –presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio–, urgió al gobierno federal a encabezar un combate frontal contra la corrupción.
No hay dua, el presidente de la Confederación tiene razón cuando exige la consolidación del Estado de Derecho.
Tiene razón cuando hace un llamado para concretar una lucha contra la corrupción.
Tiene razón cuando solicita al presidente Peña que acabe con la impunidad, “pendiente fundamental para el desarrollo de nuestro país”.
Tiene razón cuando asegura que se debe pasar de la queja a la propuesta, del escándalo a la acción.
Tiene razón cuando apoya la Ley Tres de Tres, que aboga por la rendición de cuentas a funcionarios públicos.
Sin embargo, también es cierto que no toda la responsabilidad es del Estado.
También es cierto que los comerciantes son los primeros en faltar a sus respectivos permisos y en sobornar a los inspectores y a la policía con tal de seguir operando sus negocios.
También es cierto que los comerciantes inflan precios, aumentan las cuentas a discreción e intentan engañar a los clientes.
También es cierto que muchos empresarios evaden impuestos y laboran en la informalidad.
También es cierto que son ellos los que deciden comerciar con productos de baja calidad o de dudoso origen. Incluso productos pirata.
También es cierto que son los empresarios los que muchas veces se coluden con el crimen organizado.
También es cierto que son los empresarios lavan dinero de procedencia ilícita.
Y también es cierto que muchas cosas van mal en el sector, que hacen falta manos para lograr un cambio, pero ese cambio debe venir desde adentro, no desde el exterior.
