A mí no me preocupa, en modo alguno, que una persona que nació en territorio extranjero pudiera ser el director del Fondo de Cultura Económica, o que fuera el caso, de que ocupara otro cargo de mayores responsabilidades políticas. El aprecio por México y el aporte por engrandecerlo, no se logra solo por el hecho de haber nacido en su territorio. Conocemos de mexicanos por nacimiento, que no quieren a su país, que le menosprecian, y que incluso, han realizado acciones que le han dañado y afectado en su integridad territorial y en su patrimonio, que es el de todas y todos los mexicanos.
Pero de la misma manera, conozco a mexicanos que lo son por adopción, que a diario y en donde quiera que se encuentren, manifiestan con pasión y con trabajo, sus querencias, su estima para México, y al cual con orgullo presumen como su patria. Por ello, el origen y el status de la nacionalidad mexicana de Paco Ignacio Taibo II, no tiene relevancia alguna para ocupar cargo, el que sea, en la nueva administración.
Lo que sí motiva a manifestar inconformidad por su nombramiento como director del Fondo de Cultura Económica, –que es la editorial más importante de América Latina y una institución que le ha dado prestigio a México ante el mundo– es el hecho de que sin posibilidad constitucional para ser director de esta editorial, el presidente López Obrador, ordene a los legisladores de morena, del PES y del PT , que modifiquen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¡y entonces sí, Paco Ignacio Taibo II pueda ser el director del Fondo de Cultura Económica!
¡Esto es una barbaridad política y es un atropello en contra de nuestra Carta Magna!
La Constitución General de la República Mexicana, debe ser considerada de interes y aplicación general, de cumplimiento obligatorio, de vigencia permanente, y debe ser, sobre todo, abstracta; es decir, que su elaboración, edificación y sus posibles reformas, no pueden estar determinadas en razón de algún interes individual, personal o de grupo.
La constitución no puede ser modificada para que el Señor Francisco Ignacio Taibo II o cualquier otro, pueda ocupar un cargo en la administración pública, y tampoco puede ser reformada, porque al presidente o a cualquier legislador, se le ocurra beneficiar o perjudicar a una persona en específico o a un grupo en particular. Hacer esto es francamente aberrante, y no debiera permitirse por los órganos y poderes de control constitucional, es decir, en el caso de México, por el Constituyente permanente, los jueces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¡Este es el tema verdadero que coloca a nuestro país en el riesgo de disolver la Republica! ¡De que nuestra norma fundamental sea derogada de facto, o sea deformada hasta hacerla completamente inútil y todo ello para concentrar todos los poderes políticos en un solo individuo!
De evitar esto, es lo que implicaba un cambio de régimen, es decir, de terminar con el presidencialismo autoritario; de terminar con el sistema político en donde el presidente modifica la constitución y las leyes a su contentillo, o peor aún, en consideración de un mero interes personal, familiar, de grupo político o corporación económica.
Ahora es para que Taibo sea el director del Fondo de Cultura Económica; mañana para convertir al ejército nacional en la policía; posteriormente, para entregarles el poder de las entidades federativas a los procónsules; para que la Fiscalía sea un organismo subordinado al presidente, y así, hasta que la Constitución sea un bastón de López Obrador y convertir a la república en otra monarquía.
Jesús Ortega Martínez
