De acuerdo con la nueva iniciativa legislativa propuesta por la presidenta, los soldados de esta fuerza de seguridad podrán ocupar cargos de elección popular, como diputados, senadores y alcaldes, gracias a la creación de una Licencia Especial que les permitirá hacerlo.
Hasta ahora, la normativa obligaba a los miembros de la Guardia Nacional a separarse del servicio castrense entre 90 días y seis meses antes de las elecciones.
Este anuncio ha generado preocupaciones entre críticos, opositores y activistas, quienes advierten sobre el riesgo de la militarización de la seguridad pública en México.
Entre los puntos más controversiales de la iniciativa se encuentran la integración de personal militar en la Guardia Nacional y la dependencia de esta fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La nueva ley establece que el dirigente de la Guardia Nacional será propuesto y designado por el titular del Ejecutivo Federal, y deberá ser un General de División.
Además, los aspirantes a formar parte de la Guardia Nacional deberán someterse a las disposiciones del Reglamento de Reclutamiento del Ejército.
Las similitudes entre la Guardia Nacional y el Ejército se extienden a los grados jerárquicos y a la autoridad del Ejército para decidir sobre separaciones de sus miembros.
Asimismo, se otorgan amplias facultades al Ejército para organizar y administrar la Guardia Nacional, lo que plantea serias preguntas sobre la independencia de esta fuerza de seguridad pública.
El marco jurídico que regula a la Guardia Nacional está en proceso de reforma para consolidar su relación con las fuerzas armadas, permitiendo así que actúe bajo el mando del Ejército en tareas de seguridad pública.
