Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que existen 12 denuncias en contra de 10 superdelegados por el posible uso irregular de programas sociales con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
“La utilización de los programas sociales es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa, entonces estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión que corresponde a nuestros órganos internos de control”, agregó.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno, Sandoval Ballesteros detalló que dichas denuncias corresponden a los delegados federales de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.
“Una vez terminadas las investigaciones, todo aquél que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para la asignación de una responsabilidad administrativa o incluso para una vista para una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, aseguró Sandoval.
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Subrayó que su dependencia está trabajando para acabar con la corrupción ya que “fue la peor herencia de las últimas décadas”.
“Fue la peor herencia del neoliberalismo, pero si los mexicanos continuamos trabajando juntos desde el Ejecutivo y el Legislativo, desde el Estado y la sociedad; si seguimos caminando junto a millones de mexicanos que ya están cansados de más de lo mismo; si nos unimos en esta causa común, con la que nadie que quiera a México puede estar de acuerdo, sin duda erradicaremos todo ese cáncer”, consideró.
Además, señaló que combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.
Asimismo, indicó que en la SFP “no hay intocables, ni perseguidos”, y presumió que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.
Con información de Milenio y Aristegui Noticias.
