Tras los recortes incluidos en el Paquete Económico 2017, el tema de los presupuestos, la austeridad y su contraparte, el despilfarro de recursos se convirtió en el nuevo campo de batalla entre actores y partidos políticos.
Y aunque todos coinciden en que es necesario ahorrar, cada quien se envuelve en la bandera de la austeridad de acuerdo con sus intereses: algunos se cuelgan del tema para promoverse de cara a 2018, otros para señalar una actitud responsable de la administración federal, y otros para criticar al gobierno. Lo cierto es que todos quieren sacar raja política de la coyuntura económica del país.
Por ejemplo, el senador perredista Armando Ríos Piter planteó la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para vigilar la forma en que se ejerce el gasto de los recursos públicos, sobre todo los provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Ríos Piter aseguró que es necesario suprimir los privilegios de los que gozan los funcionarios públicos, su personal de confianza y los legisladores, ésto con el fin de que ahorrar recursos del erario público y garantizar que se inviertan de manera “transparente y de calidad”.
Y es que se sabe que los senadores disfrutan de privilegios como recursos para adquirir automóviles a su nombre, aguinaldos, seguro médico, seguro de vida, discrecionalidad para contratar a la cantidad de asistentes que deseen y asignarles los sueldos que consideren adecuados, entre otros beneficios. Entonces, ¿Estarán dispuestos los senadores a renunciar a estos beneficios? ¿Predicarán con el ejemplo?
Asimismo, el perredista aprovechó para tirarle un dardo al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza —quien recibió 1.2 millones de pesos como liquidación tras cinco años al frente de la CFE— y afirmó que también se deben eliminar los finiquitos “poco legítimos para funcionarios públicos. Mencionó que con estas medidas se buscará que el ajuste al cinturón no afecte a las mayorías, sino “donde está la grasa”, es decir, en los altos sueldos de los funcionarios públicos.
Ríos Piter enfatizó que es necesario desaparecer las diferencias entre funcionarios públicos, legisladores y el resto de los trabajadores del país, aspecto en el que coincidió el panista Ernesto Ruffo, quien acusó una injusta diferencia entre los sueldos de los funcionarios públicos y los trabajadores del sector privado.
Pero por muy loable que resulte esta iniciativa, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Entonces, ¿Cuáles son las posibilidades de que estos planteamientos se materialicen en la realidad? ¿Están correctamente sustentados? ¿O se trata de un nuevo acto de populismo para colgarse del tema en boga?
Cabe recordar que esta misma semana los senadores perredistas renunciaron al fuero en un acto populista, pues la ley no se puede aplicar según su voluntad.
Por ello, hasta no ver, no creer.
