A una década de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México es otro país a partir de su compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos, aseguró la senadora Angélica de la Peña Gómez.
“No hay pretexto para que la política pública y las acciones gubernamentales consideren la legislación internacional, leyes federales y generales, y tampoco para que alguna entidad federativa se abstenga de cumplir la inclusión plena y considere como sujetos de derecho a las personas en esta condición“, agregó.
En el marco del Foro “A diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, organizado por la Conapred, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que una de las primeras reformas que se impulsó en el Senado, fue la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
“(Ello) a fin de ampliar la definición de discriminación y regular la de tipo directa e indirecta y formal y sustantiva, extender el ámbito protector de la ley y el de acción de Conapred, garantizar la implementación de políticas públicas y el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación“.
Por su parte, el representante en México de la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseguró que una década después de la entrada en vigor en México y el mundo, la Convención ha sido exitosa.
La parte innovadora del instrumento, agregó, es la no discriminación, el acceso a la justicia, la libertad y seguridad, protección contra la tortura y tratos crueles, el derecho a vivir de forma independiente y a la educación y el empleo.
El presidente y fundador de la asociación civil Libre Acceso, Federico Fleischmann Loredo, señaló que se logró un avance, y al mismo tiempo emitió una “voz de alarma” para reconocer que el cambio no ha sido suficiente, ya que las personas con discapacidad viven en un entorno inaccesible, no sólo desde la perspectiva arquitectónica y urbana, sino también desde lo social y cultural.
A diez años de la ratificación, se podría correr el riesgo de que la Convención se convierta en un documento con objetivos y propuestas bien intencionados, por lo que se debe aprovechar esta oportunidad para fortalecer y cristalizar propuestas; y llamó a gobernantes, legisladores, empresarios, educadores, sociedad civil y a las personas con discapacidad, a responder a quienes han sido excluidos del quehacer social y eliminar la exclusión.
Mercedes Juan López, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (Conadis), recordó que en el marco de la celebración de la entrada en vigor de la Convención, el Presidente de la República, Enrique Peña, reconoció la labor de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
En México, agregó, hay 7.1 millones de personas con discapacidad, lo que representa grandes retos para la implementación plena de sus derechos.
